Las no inversiones de Repsol

La alarmante noticia de que la empresa Repsol puede dejar de invertir en la provincia de Tarragona la cantidad de 1.100 millones de euros, preocupa a entidades económicas y sociales del territorio, tales como las propias químicas u organizaciones sindicales. Los proyectos se concretan en una Ecoplanta que se prevé se instale en el municipio de El Morell, dedicada a producir metanol procedente de residuos urbanos, una iniciativa innovadora en España, valorada en 800 millones. La otra iniciativa sería el Electrolizador para hidrógeno renovable, encuadrado en el proyecto del Valle de Hidrógeno verde de Cataluña, por un importe de 300 millones, ambos proyectos con un gran componente ecológico y para los que Repsol ya ha iniciado gestiones para llevarse la inversión al país vecino de Portugal, concretamente al municipio de Sines, con una fiscalidad más favorable en inversiones. La química está en un proceso de transformación, dónde las energías más limpias y menos contaminantes se convierten en centro de atención y objetivo.

La decisión de Repsol responde al impuesto extraordinario a las energéticas, como también a la banca, pactado por el PSOE y sus socios de Sumar, para que estos últimos voten a favor de los presupuestos generales del Estado para el 2025. La dirección de Repsol, en boca de su consejero delegado, califica este impuesto de “discriminatorio, ilegal e inconstitucional”. No es un tema nuevo, Repsol ya lleva un año advirtiendo del impacto negativo de este impuesto extraordinario. A nadie se le escapa que la consolidación de este impuesto, que se planteó como extraordinario y, por lo tanto, provisional para 2022, por la situación de crisis con el gas por la guerra de Ucrania, ocasionaría un importante y negativo impacto económico y social al territorio.

La ya más que conocida cantinela que nos tiene acostumbra la izquierda, de que “los que más tienen deben pagar más”, a veces se convierte en que los que menos tienen, son los más perjudicados, cómo podría ser en este caso las inversiones de Repsol en el territorio de Tarragona, prueba de ello es la alarma que ha despertado en los sindicatos, ya que el sector genera unos 45.000 puestos de trabajo, entre los directos que forman parte de la propia plantilla o indirectos de empresas contratistas que en una gran mayoría están ubicadas en el propio territorio, quizás estas formaciones políticas de izquierda, desconocen las consecuencias negativas de unas medidas, cómo es el impuesto a industrias energéticas, que pueden ocasionar a los trabajadores y territorio. Evidente que las empresas paguen sus impuestos, pero teniendo en cuenta que si no pueden invertir desaparecen.

Hechos como este o el propio Hard Rock, responden a políticas que muy poco tienen que ver con el territorio y sus necesidades, dónde se ignora a la opinión de sus vecinos y prevalecen los intereses políticos de pactos, acuerdos o socios de gobiernos, solo para que estos estén contentos. Prevalece mantenerse en el gobierno a toda costa que no, los intereses de un territorio concreto, está es la justificación al impuesto extraordinario a las energéticas, mientras las excusas en boca pequeña de algún cargo electo del PSOE-PSC en la provincia es que no es definitivo, esperando lo que el Govern de la Generalitat tiene que responder al respecto.