Un ERE poco Freshly

En los últimos años ha sido tendencia mayoritaria que las empresas se asocien a unos determinados valores construidos para ser identificadas por sus públicos. Una tendencia que no significa que antes de eso, ya hubiese empresas con una determinada moralidad. Pero la manera en la que se han proyectado estos valores hace que un observador con un mínimo sentido crítico sospeche que, en algunos casos, no son más que mero postureo para predisponer en su favor a su clientela potencial.

Eso queda reflejado si se hace un seguimiento minucioso de las disociaciones entre lo que se dice y lo que se hace. En las últimas semanas, hemos tenido un ejemplo claro en la zona de Tarragona, con el Expediente de Regulación de Empleo presentado por Freshly Cosmetics, uno de los casos más exitosos de emprendeduría de los últimos años en nuestro entorno, si no el que más, con un crecimiento exponencial en el sector de los cosméticos desde su fundación en 2016.

Freshly Cosmetics, que en 2023 elevó sus ventas un 3,3% hasta los 46,5 millones de euros y que se marcaba como objetivo crecer entre un 15-20% este año, acaba de presentar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en su sede de Reus. Una decisión que no solo es polémica, sino que también desvela una contradicción profunda entre los valores que la empresa afirma promover y las acciones que lleva a cabo. 

La compañía, cofundada por Mireia Trepat y Miquel Antolín, ha construido su éxito sobre una narrativa de cosmética natural, sostenible y, sobre todo, basada en un trato laboral ejemplar, afirmando repetidamente ser una ‘gran familia’. Este ERE parece poner en entredicho la sinceridad de esa afirmación.

La ironía es evidente: la ‘gran familia’ de Freshly parece estar desmoronándose justo cuando la empresa debería demostrar su compromiso con quienes la han ayudado a crecer. Este ERE, que algunos podrían interpretar como un intento de maximizar beneficios a expensas de los empleados, no solo es ‘poco Freshly’, sino también un recordatorio de que las palabras deben ser respaldadas por hechos. 

Si la compañía no puede justificar con transparencia y datos contundentes que esta medida es verdaderamente inevitable, estará poniendo en riesgo no solo su imagen, sino también la confianza que ha construido con sus trabajadores y consumidores.