La trasmutación del Gobierno de Sánchez y el PSOE

Esta legislatura está caracterizada por hacer de la mentira una forma de gobernar, la última ha sido exigir disculpas por no encontrar la UCO mensajes en el móvil del Fiscal General, dando por supuesta, por ello, su inocencia y obviando que fue el propio Fiscal quien borro los mensajes. Y si cada mentira podría ser ya motivo para que los ciudadanos dejarán de confiar en Sánchez, nada es peor que la normalización del engaño, con una desfachatez desconocida en nuestra democracia.

Pero en estos últimos días ya no es tanto la mentira, sino una trasmutación que ha sufrido el PSOE y Pedro Sánchez, se han convertido en un partido y un gobierno, antisistema. Un principio básico en cualquier democracia basada en la separación de poderes, era que el ejecutivo, fuera del color que fuera, siempre respetaba las decisiones judiciales. Acatar las resoluciones de los jueces es elemento esencial del estado de derecho, aún cuando no se compartan. Romper con ello es romper la democracia. Cada día se dictan miles de resoluciones judiciales que afectan a miles de ciudadanos, pero se acatan como muestra de madurez democrática.

Esa madurez democrática que muestran los españoles cada día no la muestran ni nuestro gobierno ni los partidos que dan soporte al mismo. En lugar de mantener el criterio que hasta la saciedad habían repetido en miles de ocasiones con la típica frase «respetamos las decisiones judiciales», han transmutado hasta cuestionar no solo las resoluciones judiciales sino la legitimidad del poder judicial para tomarlas, lo que es de una gravedad inusitada. Desde La Moncloa se acusó a los jueces de no haber completado la Transición, lo que es tanto como directamente deslegitimar al poder judicial. Su legitimación viene de nuestra Constitución y acusar a los jueces de no haber completado la transición los sitúa fuera de la Constitución. Y todo lo hace solo en su propio interés, porque investigan a su mujer, porque le rodea la corrupción. Cuestionar la legitimación del poder judicial para mantenerse en el poder, pone en una difícil situación a los jueces que deben ejecutar sus sentencias y a los españoles que deben acatarlas. Las democracias mueren precisamente por cuestionar las instituciones que como el poder judicial son la base de nuestro sistema, y que ello se plantee desde el gobierno de Sánchez es un paso adelante nunca efectuado. Un paso que nos adentra en un peligroso terreno desconocido.

Y aunque lo expuesto ya es de por sí gravísimo, existe un mayor riesgo porque los socios de gobierno de Sánchez le compran inmediatamente el relato. Como no se lo van a comprar si algunos de sus miembros han sido condenados por Terrorismo, como Bildu, y otros han sido condenados por los hechos acaecidos en Cataluña en 2017. Qué mejor que cuestionar por predemocráticos a los jueces y tribunales que les condenaron. Todo ello consolida un daño a nuestra democracia incalculable y de consecuencias imprevisibles. ¿Cómo vamos a pedir a los ciudadanos que acaten las resoluciones judiciales, que incluso les pueden condenar a penas privativas de libertad, si quien ha dictado su sentencia puede ser acusado de autoritario?

Como ya están ustedes imaginando, las consecuencias y el daño a nuestro sistema democrático es de una magnitud difícil de prever. Solo existe una solución, Sánchez debe convocar elecciones y su gobierno debe ser desalojado democráticamente, aunque el cambio de gobierno puede resultar incluso insuficiente ante el daño producido. Por ello, si los ciudadanos españoles dan su confianza para gobernar, el Partido Popular deberá restaurar la independencia de las instituciones y revertir la colonización efectuada por Sánchez, reforzando la separación de poderes, imprescindible para nuestra democracia y nuestra convivencia.