El Ayuntamiento de Calafell, obligado a pagar más de 1,5 MEUR por una antigua plaza de toros

El Ayuntamiento de Calafell se verá obligado a pagar más de un millón y medio euros por una sentencia judicial de hace dos años.

La sentencia cierra un contencioso urbanístico sobre un terreno de Segur de Calafell, en la avenida de España, donde había existido una plaza de toros construida en el boom turístico de los años 60 y abandonada y en ruinas de hace décadas. Se trata de unos 6.000 metros cuadrados situados en el interior de la isla delimitada por la avenida de España y las calles Brasil, Pinar y Sant Rafael.

El conflicto tiene su origen en el plan general de urbanismo de 1989, que calificó el terreno de equipamiento, sin especificar si este era público o privado, cuando la propiedad era privada. Ya antes de la aprobación del POUM de 2011, los propietarios demandaron en el Ayuntamiento para entender que la calificación confundida de la finca no les permitía hacer un equipamiento privado (su intención era hacer una residencia geriátrica). Y nunca se llegó a un acuerdo para compensarlo con edificabilidad o alguna otra fórmula.

Ahora, la decisión judicial es considerar la finca como un terreno para equipamientos públicos y decretar una expropiación de facto, con la correspondiente indemnización a los propietarios, cuyo importe han fijado en la sentencia.

La necesidad de meter este importe en el presupuesto municipal de este 2017 es la causante de que las cuentas, que ya estaban prácticamente cerradas, no se hayan podido llevar al pleno municipal.

Para mitigar el impacto de esta sentencia, el actual equipo de gobierno municipal intenta llegar a un acuerdo con los demandantes, la sociedad Svaina, para hacer el pago en tres anualidades. Se tendrán que pagar 1.111.378,96 euros de principal, más 233.389,38 euros de IVA, así como los intereses generados, que se calcularán en el momento de ejecutar la resolución, pero que no bajarán de 200.000 euros más.

El alcalde de Calafell, Ramon Ferré, expresaba en la nota que ha hecho pública el consistorio, que «estamos delante de un flequillo urbanístico que se vendía arrastrando desde hacía cerca de tres décadas y que ninguno de los consistorios que han pasado ha conseguido cerrar. Incluso con el último intento de solucionarlo se tropezó con informes técnicos negativos». El alcalde añadía que «no obstante, no es nada correcto que el anterior gobierno municipal ignorara la sentencia y dejara el pago de la indemnización como herencia para el actual gobierno. Es muy fácil cuadrar los números y pasar por buen gestor, a quien incluso le sobra el dinero, si endosas este tipo de muertos a los que vienen después».

El alcalde acababa asegurando que «estamos pendientes de poder cerrar un acuerdo con los propietarios, porque la verdad es que el fraccionamiento del pago en tres anualidades disminuye mucho el descalabro económico que esta sentencia provoca».