El Gobierno denuncia el Ayuntamiento del Vendrell por presuntas irregularidades en el pago de servicios

El Ayuntamiento del Vendrell ha anunciado este lunes que la Delegación del Gobierno español ha interpuesto un recurso contencioso administrativo contra el pago de varios servicios porque se habrían producido presuntas irregularidades. Se trata de servicios que no cuentan con un contrato mayor y que han sido pagados sin que exista una licitación pública. El Ayuntamiento se ha mostrado «sorprendido» por la denuncia y ha asegurado que desde hace un año está revisando y regulando todos los contratos de servicios. En los casos que no se ha podido hacer una licitación, explica el consistorio, «se procede a la convalidación de los gastos efectuados, siempre según las previsiones de la normativa vigente». El gobierno ha hecho pública esta información horas después de que el grupo municipal del PP comunicara a la prensa que existían unos contratos de servicios «judicializados», de los cuales pide «transparencia».

En un comunicado, el Ayuntamiento del Vendrell ha detallado que el pasado 13 de febrero la Delegación del Gobierno español interpuso un recurso contencioso administrativo contra los decretos de alcaldía con los cuales se convalidaban los gastos de varios servicios contratados. Según han confirmado fuentes municipales, estos decretos afectan, entre otros, los servicios postales, servicios de informática, el alquiler de impresoras, el desbroce de caminos, el comedor social y el convenio con la Creu Roja.

El Ayuntamiento ha explicado que ha comunicado la denuncia a todos los contratistas afectados «por si quieren hacer algún tipo de actuación, según se prevé a la ley reguladora de la jurisdicción contenciosa administrativa.» Al mismo tiempo, el gobierno reitera «su convencimiento de haber actuado conforme a la ley», y se ofrece a defender ante los tribunales «la corrección de todos y cada uno» de los procedimientos cuestionados al recurso.

Revisión de contratos de servicios desde 2011

Justo hace un año, el alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, compareció ante la prensa para defender que todos los pagos de servicios del Ayuntamiento se ajustaban a la legalidad, después de que el grupo municipal Sí Se Puede hubiera advertido que el interventor municipal había pedido hacer una revisión de los contratos porque se estaban produciendo fraccionamientos irregulares. En aquel momento, Carnicer aseguró que desde el 2011 se estaba haciendo una revisión de toda la contratación pública para aligerar la deuda municipal.

Este lunes, un año después, el alcalde ha recordado que esta revisión comportó que en el 2013 se hicieran nuevas adjudicaciones en el mantenimiento de la vía pública, el entorno urbano, la señalización vial y el mantenimiento de los espacios verdes y parques infantiles. Posteriormente, también se revisó la adjudicación del mantenimiento del alumbrado público, de los edificios, de la limpieza, de los servicios de telefonía y del vestuario de la policía municipal, entre otros.

Quedaba pendiente, sin embargo, según el Ayuntamiento, la regularización de otros servicios en que «no se habían puesto al día» en el proceso de licitación, y que en marzo de 2016 representaban el 3% de todos los contratos licitados desde el consistorio. Este lunes, el gobierno municipal ha recordado que se está haciendo «un trabajo intenso» por hacer las nuevas licitaciones pero mientras éstas no se producen, el Ayuntamiento ha estado convalidando los gastos de los diferentes servicios afectados «siguiendo la normativa vigente y las indicaciones recibidas por la secretaría y la Intervención Municipal».

Finalmente, el Ayuntamiento del Vendrell insiste en que en breve está previsto proporcionar «una información consolidada y amplia» de todos los decretos de convalidación que ya han estado anteriormente comunicados en el plenario, los cuales ahora cuestiona la Delegación del Gobierno español a través del recurso contencioso administrativo.

El PP revela la denuncia

El Ayuntamiento del Vendrell ha explicado la existencia del recurso contencioso administrativo a raíz de un breve comunicado del grupo municipal del PP, donde los populares lamentan la existencia de «contratos judicializados». El portavoz del PP, Jero Merino, ha difundido la información instando al alcalde a dar explicaciones y a hacer «las acciones necesarias» para solucionar la situación si el gobierno quiere seguir contando con «la estabilidad en la gobernabilidad» por parte de los populares. «Se tiene que sacar cualquier sombra de duda sobre la institución», concluye Merino a su comunicado.