Investigan supuestas presiones de una alto cargo de Gobernación a peritos judiciales

El juez del Vendrell que investiga el llamado 'caso del 3%' ha ordenado investigar las supuestas presiones a tres peritos judiciales por parte de Montserrat Mundi, directora general de Administración Local del Departamento de Gobernación, Administraciones Públicas y Vivienda de la Generalitat y exalcaldesa de Sant Quirze del Vallès por CiU. La Dirección General de Administración Local proporcionó, a petición del juez, cuatro peritos que trabajan en este organismo para que evaluaran expedientes de contratación de los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès, Sant Celoni, Lloret de Mar y Figueres, en busca de supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas que podrían haber servido para financiar CDC. Según tres peritos de Gobernación, Mundi les habría intentado controlar el contenido de sus informes, que forman parte de la causa secreta que investiga el juez Josep Bosch. No obstante, fuentes del departamento han negado cualquier tipo de presión a los trabajadores públicos y enmarcan parcialmente la motivación de las denuncias en un conflicto laboral.

Según ha adelantado 'El Periódico', el técnico que informó sobre los expedientes de Sant Cugat, al exsubdirector general de Asistencia Jurídica y Régimen Local, hizo constar en su informe que lo emitió «con total independencia, a pesar de los requerimientos de información» de Mundi, cosa que levantó las sospechas de la Guardia Civil, que comprobó si existieron presiones. Según declaró ante la Guardia Civil, Mundi le dijo: «Siempre será mejor que lo controlemos nosotros que otros, así lo podremos controlar mejor», y que no tenía que salir nada que no fuera «supervisado» por ella.

Cuando el perito se negó recordándole que el informe sólo lo podía ver el juez para estar bajo secreto, Mundi le reprochó que ocupaba un lugar de confianza, que «el mínimo que se le podía exigir era lealtad y que informaría de su negativa a facilitar el contenido del informe a la consejera Meritxell Borràs». También aseguró que recibió «numerosos recordatorios de cómo llevaba el informe», lo que percibió como «una voluntad de interferir en su independencia».

Este técnico dejó voluntariamente su cargo a encontrar otro trabajo al sector privado en septiembre del 2016, pero asegura que le denegaron la excedencia sin «fundamento» ni otros «antecedentes», por el cual ha presentado un recurso al juzgado. Antes de dejar su cargo, Mundi le dijo que, como había hecho el informe en horario laboral, «antes de irse, tenía que darle lo que tenía hecho» y «decirle al resto de técnicos que se lo dejaran ver». Después de consultarlo con el juez, no lo hizo.

Fuentes de Gobernación han explicado que este cargo intermedio tiene plaza de funcionario municipal y quería que le reservaran la plaza a la Generalitat, cosa que no es posible legalmente. Al dejar vacante su lugar, la perito que elaboraba el informe sobre Figueres, jefe de servicio de Régimen Local y que había ocupado aquel cargo anteriormente, optó otra vez, pero la elegida fue otra persona del departamento, cosa que habría generado «malestar general» a la Subdirección, según Gobernación.

Según el diario, la jefa de servicio se negó a proporcionar información a Mundi y fue cesada el pasado 31 de marzo, aunque ella recurrió la decisión y un juzgado ha dejado sin efecto la decisión como medida cautelarísima. Gobernación enmarca la decisión en una «reestructuración para mejorar el funcionamiento» de la Subdirección, y recuerda que la mujer fue trasladada a otro trabajo. A pesar de conservar su puesto de trabajo, las presiones no han cesado, dice el atestado de la Guardia Civil. Además, el procurador que lleva su despido habría renunciado al caso después de supuestamente haber recibido una llamada del Gabinete Jurídico de la Generalitat diciéndole que si «quería seguir colaborando con la Generalitat» tenía que dejar el caso, cosa que hizo.

Mundi también habría pedido información al jefe de servicio de Administración Local que emitió el peritaje sobre Sant Celoni, como por ejemplo que le dijera «como mínimo» si había detectado «alguna irregularidad» y le sugirió que retrasara la entrega del informe. Él se negó y comunicó a sus superiores estas peticiones. El único perito que no ha relatado presiones es el encargado del informe de Lloret.

Fuentes del departamento explican que se ha abierto un expediente interno sobre riesgos psicosociales en esta Subdirección General, debido al conflicto laboral y al malestar generalizado por ciertas decisiones, nombramientos y carga de trabajo de hace tiempo, y que desvinculan de las recientes investigaciones judiciales.

Además, las mismas fuentes han explicado que Mundi sólo se interesó por los informes periciales inicialmente para saber si ella tenía que hacer o tener conocimiento de alguna cosa, y para saber cuándo acabarían de elaborarse los informes con el fin de repartir la carga de trabajo entre sus otros subordinados, ya que los peritos elaboraban los informes en horario laboral. Al conocer la investigación sobre estas presiones, Mundi envió una carta al juez del Vendrell ofreciendo su máxima colaboración.