Los empresarios del Penedès rebaten Fomento del Trabajo y posicionan a favor del Derecho a Decidir

La Federación Empresarial del Gran Penedès (FEGP) se ha desmarcado de las conclusiones de la Comisión Jurídica de Foment del Treball respecto de la ley del referéndum, donde se advertía que la declaración de independencia con mayoría simple «supondría un golpe de estado jurídico contrario al derecho interno e internacional».

La patronal penedesenca se ha reunido de forma extraordinaria para reaccionar a estas conclusiones y ha consensuado unánimemente que está a favor de un referéndum «que haga posible el gesto más democrático e irrenunciable de la ciudadanía: expresar su opinión». El presidente de la FEGP, Martí Sistané, ha enviado una carta al presidente de Foment del Treball, Joaquim Gay de Montellà, exponiéndole este posicionamiento e instándolo a buscar el «consenso» entre todas las patronales a quienes representa el ente antes de emitir pronunciamientos sobre la consulta vinculante del 1 de octubre.

A la carta, Sistané reitera que la FEPG «coincide con la mayoría de la sociedad catalana, también a la hora de asumir como propio el derecho a decidir de los ciudadanos, tanto o más sobre aquellas cuestiones que afectan al futuro económico y social del país». Por este motivo, apuesta por la celebración de un referéndum y defiende que Foment del Treball tendría que ejercer como a organización «magnánima y de semblante progresista, con una actitud abierta al cambio, transigente con las opiniones y respetuosa con la diversidad».

Finalmente, el presidente de la patronal del Gran Penedès concluye su carta sugiriendo a Foment del Treball que tenga en cuenta las opiniones del empresariado catalán, «con las singularidades de nuestro país», y extiende la mano a Joaquim Gay de Montellà para trabajar en esta línea.

«Un ejercicio de enorme irresponsabilidad»

La carta de la FEGP llega pocos días después de que la Comisión Jurídica de Foment del Treball publicara un documento donde pedía parar el proyecto de ley del Referéndum de Autodeterminación. La Comisión alertaba de que la declaración de independencia con una mayoría simple de votos sería «un ejercicio de enorme irresponsabilidad política de consecuencias impredecibles».

Por este motivo, el documento sostenía que el problema político entre Cataluña y el estado español hace falta que se resuelva» por la vía de la negociación y dentro del respeto de los principios de democracia y legalidad. En este sentido, la patronal instaba las dos partes a participar de las conversaciones «con ofertas y voluntad de renuncias por las dos partes».

Al mismo tiempo, la Comisión Jurídica de Foment señalaba que el derecho internacional no ampara el referéndum «porque sólo reconoce el derecho de secesión en los procesos de descolonización y en casos de graves vulneraciones de los derechos humanos» e insistía que la ley con que se quiere organizar al consulta vinculante «se enfrenta con el Código de Buenas prácticas de la Comisión de Venecia» por el hecho de ser una normativa excepcional situada por encima de las leyes estatales.

Finalmente, las conclusiones de Foment del Treball advertían que, desde el punto de vista formal, el referéndum que se quiere organizar el 1 de octubre presenta «graves problemas» porque falta concretar cuando se llevará al Parlamento ni se garantiza una campaña con todos los requisitos.