El juez del Vendrell cancela las declaraciones de investigados por el 3% después de que la Audiencia Nacional asuma el caso
Se anulan las citaciones a Sixte Cambra, Antoni Vives, Francesc Sànchez, Constantí Serrallonga y empresarios que habrían financiado irregularmente CDC
Identifican seis miembros de los CDR cuando llegaban a la Audiencia Nacional y los retiran las pancartas
El juez del Vendrell que instruye el llamado 'caso del 3%' ha dejado sin efecto las citaciones de los próximos 3, 4, 10 y 11 de mayo para que declararan como investigados el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, el exteniente de alcalde de Barcelona Antoni Vives, el abogado de CDC Francesc Sànchez y el director general de la Feria, Constantí Serrallonga, a más de varios empresarios que habrían financiado irregularmente el partido. Lo ha decidido después de que la decisión de la Audiencia Nacional española de asumir el caso ya sea firme, porque nadie lo ha recorrido.
La Fiscalía Anticorrupción considera que la trama investigada había diseñado una mecánica basada en concursos «arreglados» y «controlados». Los concursos, sostiene el ministerio público, ya estaban «otorgados previamente», a pesar de su «apariencia de regularidad», con el objetivo de financiar irregularmente CDC a través de donaciones a las fundaciones.
Algunas de las obras investigadas, que habrían sido adjudicadas a empresas que habrían vehiculado un 3% del coste a la financiación del partido, son los túneles de las Glorias o el dique este del Puerto de Barcelona. La obra de los túneles de las Glorias fue adjudicada por el consejo de administración de BIMSA en febrero del 2015 a una UTE formada por las empresas Romero Gamero, Benitó Arnó e Hijos, Copisa y Comsa por 49,6 millones de euros. Los investigadores también requirieron información de las obras del Paralelo, la calle Lucà, el carril bici de Bac de Roda y la carretera de las Aguas, muy vinculadas a BIMSA y muy adjudicadas durante el mandato de Xavier Trias.
También se registraron las oficinas de la constructora Rubau Tarrés en Gerona y al Baix Empordà o la sede de Arnó en Lérida. En total se produjeron cacheos en doce municipios: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, l'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lérida, Madrid, el Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Gerona, Berga y Majadahonda.
Según el magistrado de la Audiencia Nacionla José de la Mata, la causa es muy compleja y puede afectar al tráfico mercantil del estado, a causa del volumen supuestamente defraudado, que eleva a 175 millones de euros. De la Mata recuerda que el caso tiene numerosos investigados y afecta a 24 concursos públicos de varios partidos judiciales y tres demarcaciones provinciales: Tarragona, Barcelona y Gerona. Además, el fraude habría abarcado varios años, empresas, sobre todo constructoras, fundaciones de partidos y administraciones. Los 24 concursos sumaban 218 millones de euros licitados, que se acabaron adjudicando por 175 millones, y un millón de euros habrían ido a parar a las arcas de CDC.
Otro motivo por la asunción de la causa es que tiene ramificaciones al en el extranjero y las diligencias de investigación son especialmente complejas. Los delitos investigados son prevaricación, soborno, malversación de fondos públicos, fraude a la administración, blanqueo de capitales, financiación ilegal de partido político, falsedad en documento mercantil, tráfico de influencias y alteración de precios de concursos públicos. Según De la Mata, el desvío de dinero de empresas adjudicatarias cabe a CDC se convirtió en una «conducta sistemática, estructural y organizada de manipulación a gran escala de contratación pública».