Impulsan el Pacte del Penedès Marítim para pedir rebajas de los peajes y Rodalies

Los municipios de la zona sur de la C-32 crearán el Pacte del Penedès Marítim, una plataforma que quiere «copiar» el modelo del Pacte de Berà. El nuevo acuerdo se constituirá oficialmente este mes de enero con el objetivo de pedir bonificaciones al peaje de Vallcarca, la gratuidad del peaje de Cubelles para los desplazamientos internos de los vecinos y una revisión a la baja de las zonas tarifarias del transporte público. Según los impulsores, la Generalitat demuestra «falta de sensibilidad» con el territorio y exigen que se lo tenga en cuenta a la hora de fijar los precios de uso de las infraestructuras. Inicialmente, el Pacte del Penedès Marítim lo formarán los consejos comarcales del Garraf y el Baix Penedès, y los ayuntamientos de Sitges, Vilanova, Cubelles, Cunit, Calafell y el Vendrell.

Este lunes, las presidentas de los consejos comarcales del Garraf y el Baix Penedès, Gloria Garcia y Eva Serramià, han anunciado la constitución del Pacte del Penedès Marítim de forma inminente, con previsión que se formalice con un acto conjunto con los alcaldes de la zona antes de que acabe el mes de enero. Hoy por hoy no se ha concretado ni la fecha ni el lugar, a falta de conocer la disponibilidad de los diferentes alcaldes.

Sí que han definido, sin embargo, los objetivos de la nueva plataforma institucional, que se centran en «reducir el agravio» de los peajes de la C-32 y de las zonas tarifarias del transporte público. En el primer caso, se quiere que los vecinos del territorio tengan una «bonificación total» del peaje troncal de Cubelles –que desde el 1 de enero cuesta 4,14 euros- y que se apliquen descuentos en el caso del peaje de Vallcarca –ahora vale 6,93 euros. Las presidentas de los consejos comarcales han insistido en que es la única solución para reducir el tráfico de la C-31, que en el caso de las Costas del Garraf acoge 18.000 vehículos diarios.

Con respecto al transporte público, el Pacte del Penedès Marítim quiere que el territorio tenga «voz y voto» a la hora de fijar los precios y las zonas tarifarias. «El Baix Penedès y el Garraf, en el fondo, también somos área metropolitana de Barcelona, pero nunca se nos tiene en cuenta», ha lamentado Serramià, recordando que en las dos comarcas hay tres zonas de transporte público diferentes a pesar de la proximidad que tienen con la gran ciudad. «Eso nos castiga muchísimo», ha remarcado, anunciando que pedirán una reunión con el Área Metropolitana y el Ayuntamiento de Barcelona.

La intención del nuevo acuerdo territorial es poder hacer bastante» hacia la Generalitat para la cual sea «sensible» con los municipios del Penedès Marítim, siguiendo así los pasos del Pacte de Berà, que en el 2015 se creó para reclamar la gratuidad de la AP-7 y la retirada de los camiones de la N-340 en el Camp de Tarragona y en el Penedès. Eva Serramià ha admitido que la nueva plataforma es una «copia» del movimiento de la N-340 «porque ha dado muy buenos resultados», recordando que ahora los vecinos pueden circular gratuitamente por la AP-7 entre Vilafranca Sud y Altafulla.

Tanto Serramià como Garcia han insistido que el territorio «no reclama la gratuidad de la C-32» sino una «reducción del castigo» que, dicen, sufren el Garraf y el Baix Penedès. En este sentido, han defendido la aplicación del sistema de viñeta como sustitución de los peajes actuales, mientras han insistido en reclamar una «solución» que permita rebajar los precios mientras este nuevo método de pago no se aplique a Cataluña.

Las dos presidentas han asegurado que no prevén que el Pacte del Penedès Marítim incorpóreo otras entidades civiles ni económicas, y lo han situado en el ámbito «estrictamente institucional». Con todo, han garantizado que mantendrán reuniones con las plataformas ciudadanas, las entidades empresariales y los sindicatos para trazar estrategias conjuntas a la hora de pedir una reunión con el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet y de hacer presión hacia el Parlament.

La ampliación de los pajes acabará en el 2039, y eso quiere decir que habremos pagado durante 47 años. Ya es suficiente. El territorio exige que el Parlament nos dé una solución», ha remachado la presidenta del Consejo Comarcal del Garraf, Gloria Garcia, pidiendo que los grupos parlamentarios «se olviden de colores y de partidos».