Infraestructuras
El Ayuntamiento de Santa Oliva asegura que aceptar el puente provisional depende de la Diputació
El ente provincial tendría que hacerse cargo de los gastos de instalación de la pasarela y de los accesos a esta
La Subdelegación lamenta que el Ayuntamiento de Santa Oliva rechace la oferta de hacer un puente provisional
La polémica sobre el puente provisional que quería hacer el Ministerio de Defensa en Santa Oliva sigue. El subdelegado del Gobierno en Tarragona, Joan Sabaté, lamentó ayer el no haber recibido ninguna respuesta por parte del alcalde de Santa Oliva y la Diputació de Tarragona a raíz del ofrecimiento del Ministerio de mejorar los accesos al municipio con un puente provisional mientras se llevan a cabo las obras en la carretera TV-2128.
Desde el Consistorio, sin embargo, han asegurado que ellos «no se niegan a nada» y que se están pendientes de una respuesta de la Diputació de Tarragona, ya que sería este ente el que se tendría que hacer cargo de los gastos de la instalación de la pasarela provisional y la de mejorar los accesos hacia esta.
El Ayuntamiento confía en que la Diputació se pronuncie durante los próximos días sobre si puede asumir los gastos o bien mantiene los caminos provisionales que ya hay abiertos y renuncia al puente. El consistorio, por su parte, ya dijo que él no tenía capacidad para pagarlo.
La pasada semana especialistas del ejército del Regimiento de Pontoneros del Ejército de Tierra, visitaron el municipio, acompañados del subdelegado del Gobierno, el alcalde de Santa Oliva, responsables de la obra y técnicos de la Diputació. Los especialistas redactaron un informe sobre la viabilidad de ubicar un puente Bailey, doble-doble de siete cédulas, de 21,34 metros de alargada en tanto solos tres días. Para hacerlo, la Diputació tendría que habilitar el acceso y estribos (contrafuertes) para el puente.
ERC y PSC rompen el pacto de gobierno
La opción del puente construido por el ejército surgió en una junta de gobierno local, a propuesta del portavoz del PSC, Christian Martínez, según ha explicado el propio regidor a Efe, y el alcalde, el republicano Josep Carreras, le encargó que hiciera las gestiones.
Christian Martínez sostiene que informó al alcalde «de cada paso que iba dando», pero «él primero presentó en el pleno una moción de una plataforma vecinal, y después la retiró sin decir nada» al PSC.
Por eso, «allá mismo decidimos romper el pacto, porque se generó desconfianza en nuestra labor», dice Martínez.
Santa Oliva cuenta con once regidores y, hasta ahora, el equipo de gobierno lo formaban tres regidores de ERC y tres más del PSC, con una oposición formada por dos de CiU, dos de ICV y uno del PPC.
El gobierno de Carreras queda ahora en minoría y el alcalde atribuye la tensión a la «proximidad de las elecciones», puesto que «una regidora del PSC apoya la labor hecha y ha pasado al grupo de no adscritos para seguir con el gobierno».
