Juzgan a un exalcalde de la Bisbal del Penedès por ocultar a la oposición las actas de las Juntas de Gobierno

El exalcalde de la Bisbal del Penedès Josep Maria Puigibet (ERC) se sentará el próximo jueves 2 de mayo en el banquillo de los acusados del juzgado de lo penal de Tarragona por haber ocultado a la oposición las actas de las Juntas de Gobierno entre el 2007 y el 2012. Fueron los concejales del la antigua Convergència i Unió los que denunciaron a la justicia la actitud de Puigibet. Los denunciantes, personados como a acusación popular, piden para el exrepublicano una pena de diez años de inhabilitación para cualquier trabajo o cargo público por presuntos delitos de prevaricación y contra el libre ejercicio de los derechos cívicos. A su vez, la fiscalía centra su acusación en la prevaricación y le pide una inhabilitación pública de ocho años.

Los concejales de la oposición pidieron a Puigibet las actas de las Juntas de Gobierno a través de varias peticiones formales, el 2008, el 2011 y el 2012. Ninguna de ellas, sin embargo, fue atendida, aunque también intervino un representante del Síndic de Greuges, a quien Puigibet también se negó a atender.

Según el escrito al que ha tenido acceso la ACN, la acusación popular asegura que el exalcalde actuó de forma «consciente, voluntariamente y sabiendo que cometía una ilegalidad» cuando negó a la oposición las copias de las actas, ya que entregar estos documentos a todos los concejales es una obligación que está regulada por ley.

Los representantes de la antigua CiU recuerdan que en agosto del 2011 Puigibet dictó un decreto de alcaldía donde suspendía la entrega de las actas a la oposición. A opinión de la acusación, el decreto pretendía «asegurar la eficacia de su actividad obstruccionista», y recuerdan que el mismo día la secretaría municipal había emitido un informe donde remarcaba la obligación de entregar los documentos de la Junta de Gobierno a todos los concejales.

La acusación popular señala que el exalcalde se justificó diciendo que había un «colapso» en los servicios administrativos y asegurando que él confiaba en que se estaban entregando las copias. «Estas alegaciones carecen de verosimilitud», rebaten los concejales, que recuerdan que la oposición pidió los documentos varias veces durante años diferentes y remarcan que requirieron la intervención del Síndic de Greuges.

Se da la circunstancia de que el exalcalde Puigibet empezó a enviar las actas de las Juntas de Gobierno a los miembros de la oposición a partir de mediados de septiembre del 2012, justo diez días después de que el juzgado admitiera a trámite la querella por posible prevaricación. Los concejales que entonces estaban en la oposición lamentan que recibieron las actas de en agosto y septiembre de aquel año, sin poder acceder a los documentos de las reuniones hechas entre diciembre del 2007 y el verano del 2012.

Por todo ello, los miembros del entonces grupo municipal de CiU concluyen que el exalcalde republicano cometió un delito de prevaricación y otro contra los derechos individuales, de manera que piden que se le condene a diez años de inhabilitación para cualquier trabajo o cargo público.

La fiscalía se centra en la prevaricación

A su vez, la fiscalía también recuerda la coincidencia de fechas entre el informe de la secretaría donde se remarcaba «la obligación» de entregar las actas y el decreto de alcaldía donde Puigibet suspendía la entrega de las mismas. Según el ministerio público, el exalcalde firmó el decreto «de forma arbitraria e injusta», y determina que actuó «consciente y voluntariamente» cuando impidió el acceso a la documentación. De esta manera, el fiscal señala que el exalcalde republicano habría cometido un delito de prevaricación y considera que se le tiene que condenar a una inhabilitación pública de ocho años.

Alejado de la política

Puigibet dimitió el año 2015, poco después de las elecciones municipales. Había liderado la alcaldía desde el 2007 como cabeza de filas de ERC, gobernando con mayoría absoluta desde el 2011. Aunque hace cuatro años Esquerra se mantuvo en la Bisbal como fuerza más votada por tercera vez consecutiva, un pacto entre CiU y el PSC desbancó Puigibet, que decidió abandonar el consistorio en un momento en que ya era investigado por el caso que ahora llega a juicio. Con la diomissió, también abandonó ERC.