Un vecino de Calafell, pendiente de que se juzgue el accidente laboral que lo dejó tetraplégico hace 14 años

El magistrado de Gandesa envió a juicio a la empresa promotora de la obra, la empresa constructora, dos coordinadores de seguridad –uno murió- y el director del plan de seguridad. Todos, como presuntos autores de un delito grave contra la seguridad de los trabajadores. Una vez cerrada la investigación, el caso se remitió al juzgado de lo penal de Tortosa para celebrar la vista oral, pero varios recursos presentados por los acusados hicieron que la causa se moderara hasta que la Audiencia de Tarragona resolvió todas las alegaciones.

Finalmente, el año pasado se señaló el juicio oral en Tortosa para el 29 de enero de este 2020. La hospitalización de uno de los acusados, sin embargo, provocó la suspensión de la vista, que nunca se ha llegado a reprogramar. «Todo han sido estrategias para alargar el proceso al máximo», se queja Miguel, que remarca que él es «la única víctima» de todo este periplo judicial.

Casi quince años después de los hechos, teme que la conclusión de los jueces sea que el delito ha prescrito, tal como reclaman los acusados. El abogado de Miguel admite que esta es una posibilidad «real». Recuerda que los delitos contra la seguridad del trabajador prescriben al cabo de tres años, pero sostiene que el proceso ha sido largo porque en Gandesa hubo varios jueces sustitutos, mientras recuerda que la causa ha sido compleja por la cantidad de acusados. Si finalmente queda prescrito por la vía penal, el abogado prevé explorar la vía civil.

Ante el retraso acumulado, Miguel pide más «humanización» de la justicia. «Somos personas, y no números ni procedimientos penales», lamenta, asegurando que está viviendo «situaciones muy amargas». «La justicia ha pisado mis derechos a la hora de tener un juicio justo y sin dilaciones», añade, y asegura que no descarta instalarse en las puertas de los juzgados de Tortosa para visualizar su situación.

«Tenía muchos planes de futuro»

Miguel tuvo el accidente con 30 años, un momento en que asegura que «tenía muchos planes de futuro», como construirse una casa propia. «Pero mi vida se quedó allí», recuerda. En relación a los daños que le provocó la caída, dice que la lesión medular «es difícil» de asumir «pero te acabas acostumbrando». Lo peor, remarca, son las numerosas secuelas que sufre, como dolores neuropáticos, infecciones de orina y espasmos, entre otros. «Todo eso se agrava cuando , además, luchas contra un proceso judicial inhumano de casi quince años», insiste.

La situación en que se encuentra lo convierte en una persona totalmente dependiente, y asegura que tiene un gasto mensual de más de 4.000 euros para pagar una cuidadora y los tratamientos necesarios. Una carga económica que afronta gracias al apoyo de sus padres, ya que explica que su pensión como persona incapacitada no llega a los 2.000 euros.

Hasta ahora, Miguel ha cobrado dos indemnizaciones después de llegar a un acuerdo con los representantes legales de las empresas promotora y constructora, dos compañías que cerraron hace años. La primera indemnización la cobró seis años después del accidente, mientras que la segunda se firmó hace pocos meses. Asegura que aceptó estas dos soluciones amistosas de mala gana, renunciando a los intereses de demora.

En total ha cobrado 300.000 euros, y ahora mantiene las acusaciones contra los responsables del dispositivo de seguridad de la obra. En global, reclama una indemnización de cerca de un millón de euros y penas de tres años de prisión para cada uno de los acusados. A su vez, la Fiscalía pide que los cuatro acusados asuman una indemnización de 450.000 euros.

Miguel subraya que el objetivo de celebrar el juicio es conseguir que alguien se responsabilice del accidente y pague una indemnización que le permita disponer una casa adaptada y de los servicios necesarios, como un fisioterapeuta que asegura que ahora no se puede pagar. «Sólo quiero vivir tranquilo lo que me queda de vida», pide.