Un activista ucraniano residente en el Vendrell pide protección a la justicia española por las amenazas de un grupo neonazi

Un juez investiga el presunto acoso de un grupo neonazi ucraniano a un compatriota residente en el Vendrell, el activista, periodista y político Anatoli Sharii, quien ha pedido a la justicia española protección después de recibir amenazas de muerte y ataques a su casa.

Según ha avanzado El País y ha confirmado a Efe el abogado del activista ucraniano, el juzgado de instrucción 6 de El Vendrell está investigado por amenazas y por un delito de odio a un grupo neonazi denominado Cuerpo Nacional, un partido de ultraderecha de Ucrania que nació de una organización paramilitar que luchó contra los separatistas en 2014.

Sharii, de 42 años, reside en España desde hace dos años junto a su mujer, después de que la pareja huyese de Ucrania, donde el activista vio amenazada su vida al denunciar como periodista casos de corrupción en su país y tras conseguir asilo político en Lituania, ha explicado a Efe su abogado, Jordi Roca.

Desde entonces, grupos neonazis han amenazando públicamente en redes sociales y en foros ultranacionalistas con asesinarle y, hace un año, después de que descubrieran su lugar de residencia y lo revelaran ilícitamente en internet, ha sufrido actos de acoso en varias ocasiones, hechos que ha denunciado ante los Mossos d'Esquadra y que se han incorporado a la causa que investiga el juez.

«Ya sabemos dónde estas», «ahora, vendremos a buscarte» (....) son algunos de los mensajes que recibe. «Las amenazas eran cada vez mas reales», explica el letrado.

El 22 julio del pasado año, Sharii presentó en el juzgado de El Vendrell una querella por amenazas y por un delito de odio contra los líderes de Cuerpo Nacional, -partido que está catalogado como "grupo violento" por un informe de la ONG Republic Institute o como una «unidad paramilitar» por el FBI-, que fue admitida a trámite iniciándose así un procedimiento penal.

En la querella, a la que ha tenido acceso Efe, el letrado expone que las amenazas se dirigen «de forma inequívoca contra mi representado, incitando a la violencia física y a atentar contra su vida por su actividad periodística y su ideología, así como animando a sus seguidores a 'visitar' a mi representado en España proporcionando y divulgando su dirección» en la localidad tarraconense.

Según la querella, las denuncias de abusos y de corrupción en Ucrania han situado a Sharii en el «punto de mira de los ataques» de los neonazis, así como el hecho de que su partido político haya entrado en varios ayuntamientos en las últimas elecciones celebradas en aquel país.

«No nos hallamos ante simples amenazas vertidas por un grupo de 'skinheads', sino de verdaderas amenazas de muerte vertidas por un partido político paramilitar perfectamente organizado y estructurado, con ramificaciones dentro y fuera de Ucrania y con un alto grado de radicalización y violencia, que no duda en ejercerla cuando tienen la oportunidad, y lo más grave de todo, con fácil acceso a armamento militar», argumenta el letrado en la querella.

La querella esgrime que «es evidente que la 'caza' y asesinato de mi representado se ha convertido en uno de sus objetivos prioritarios, así como la destrucción de su partido y sus seguidores».

Roca ha admitido que el juzgado tiene dificultades para identificar a los autores de las amenazas contra este activista ucraniano, y denuncia que las autoridades de Ucrania «no están colaborando», puesto que estos grupos neonazis «son intocables» en este país del este de Europa.

Ante estas amenazas, el activista ucraniano ha pedido protección a la justicia española bajo la condición de «testimonio protegido», y el magistrado tomará una decisión sobre su situación una vez haya recibido el informe de los Mossos d'Esquadra, que indagan las actividades del grupo ultranacionalista Cuerpo Nacional por «perseguir» a Sharii.

Sin embargo, la situación de este ucraniano se ha complicado en las últimas semanas, después de que Lituania le haya retirado el asilo político y de que Ucrania lo haya acusado de alta traición al considerar que sus reportajes sobre el conflicto bélico de 2014 entre el este del país y los separatistas prorrusos son una «propaganda» contra el Estado, explica Roca.

«Son maniobras -de Ucrania- para intentar extraditarlo, y si eso pasa, lo matarán», dice Roca.