Archivan la causa contra un policía local de Calafell que mató a un perro que lo atacaba

La Audiencia de Tarragona ha archivado la causa a un policía local de Calafell (Tarragona) al concluir que su actuación al matar a tiros a un perro peligroso que le atacaba no fue «arbitraria ni injustificada», ya que obedeció a una situación de «peligro real» ante la «agresividad» del animal.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, la sección cuarta de la Audiencia de Tarragona da el carpetazo a este caso, ocurrido en enero de 2019, después de que el juez instructor dejara al agente a las puertas de ir a juicio, pese a reconocer que el perro, de la raza rottweiler, que iba sin atar y sin bozal y pesaba unos 36 kilos, atacó al policía con una «agresividad desmedida».

La Audiencia, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía, estima la petición de la defensa del agente, ejercida por Sandra Melgar, de Aranda, Melgar & Tàsies advocats, y concluye que el relato del juez de instrucción a partir de las diligencias practicadas ya permitía descartar la existencia de un delito de maltrato animal y que, pese a ello, de manera «contradictoria», se le dejó a un paso de juicio.

Para la sala, no se puede considerar que el agente actuara de forma «injustificada o arbitraria», ya que «respondió a una situación en la que tuvo que hacer frente a un animal que estaba agresivo».

«Es cierto que, seguramente, la reacción agresiva del perro pudo tener origen en el temor que le había provocado la presencia del apelante (el agente) en su zona territorial y que tampoco ayudó a paliar su comportamiento agresivo la actitud de nerviosismo y temor del apelante (comprensible por otra parte)», apunta la Audiencia.

Sin embargo, insiste en que la reacción del policía local, que se vio «forzado» a sacar su arma reglamentaria y disparar al animal, tras varios intentos «infructuosos» dirigidos a que el perro depusiera su comportamiento agresivo y sus intentos de morderlo, no comporta un delito de maltrato animal.

De hecho, el agente alegó en el procedimiento que su actuación estaba «más que justificada» ya que había una «evidente situación de peligro» para su integridad física y su vida y que disparó porque «no tuvo más remedio» para evitar «un mal mayor».

Los hechos ocurrieron el 11 de enero de 2019 en la calle Empúries de Calafell, cuando un vecino llamó a la policía advirtiendo de que no podía salir de su casa con su hijo porque había un perro peligroso, de la raza rottweiler, suelto y sin bozal, rondando por la zona.

A su llegada al lugar, los policías comprobaron que se trataba del mismo perro de raza peligrosa por el que ya habían recibido cinco alertas en días previos por incidentes parecidos y que, según algunos testigos, era propiedad de una vecina de la misma calle.

El agente investigado bajó del vehículo y se dirigió hacia la casa de la vecina que pensaban que era la dueña del perro, aunque no había nadie en el interior, momento en que el rottweiler se abalanzó hacia él mostrándole los dientes, sin darle tiempo a regresar a su vehículo.

El perro saltó con un «evidente estado de agresividad intentando morder las piernas» al policía, según reconocía el juez que le investigó, que subrayó que el agente lo pudo evitar inicialmente usando su porra, sin golpear al animal.

No obstante, como el perro «no cejaba en su empeño», según apuntó el instructor, al agente no le bastaba con la porra para defenderse, por lo que tuvo que retroceder unos metros hasta llegar a la altura del domicilio del vecino que había llamado a la policía.

Con el agente cada vez más nervioso por la situación, el perro hizo ademán de ir hacia el vehículo policial y atacar a su compañero, momento en que el investigado pudo sacar su arma reglamentaria.

El perro dio marcha atrás y se dirigió de nuevo hacia el policía investigado, a quien acorraló contra la pared, de modo que, creyendo que le podía morder, efectuó cinco disparos, tres de los cuales impactaron en el animal causándole la muerte.

En su auto de archivo, la Audiencia también considera que la decisión del juez instructor de permitir a la asociación de Abogados en Defensa Animal de Tarragona (ADAT) que ejerciera como acusación popular fue «defectuosa», ya que esta entidad interpuso una denuncia y no una querella, como habría sido pertinente.

Debido a la situación de riesgo que tuvo que afrontar, el agente tuvo que ser asistido en el servicio de urgencias ese mismo día, en que se le diagnosticó ansiedad y estuvo de baja laboral por la situación de «shock, agonía y estrés» sufrida.