Juzgan tres personas acusadas de agredir sexualmente a una menor en el Vendrell

La Audiencia de Tarragona ha empezado a juzgar a tres personas acusadas de agredir sexualmente a una menor en el Vendrell entre los años 2018 y 2019. Los procesados son el padre de la presunta víctima, su pareja y otro hombre que acudía al domicilio familiar.

Según el escrito de acusación del fiscal, el padre presionaba a la chica para que mantuviera relaciones sexuales con ellos y la amenazaba que volvería a vivir con su madre. Fiscalia pide una pena de 18, 14 y 11 años de prisión para cada uno de ellos por dos delitos continuados de agresión sexual a menor de 16 años y otro de abuso. También una indemnización de 11.000 euros por daños morales. Las defensas solicitan la absolución. El juicio ha arrancado este martes y se celebrará hasta mañana a puerta cerrada.

El ministerio fiscal indica que la menor fue a vivir con su padre y su pareja a principios del mes de febrero de 2018, cuando la chica tenía quince años. Según el escrito acusatorio, el hombre explicó a la menor que sufría una «enfermedad llamada ninfomanía» y que si le «quería ayudar, debía mantener relaciones sexuales con él». El ministerio público detalla que el acusado «presionaba» a la víctima diciéndole que si no lo hacía, le enviaría con su madre, con la que no se hablaba. Además, recoge el escrito, que la otra acusada -pareja del padre- la coaccionaba afirmando que si no accedía a mantener relaciones sexuales con ella era porque «no quería a su padre».

La menor accedió a tener relaciones sexuales en las que también participaba la acusada, tanto «activamente» o con su presencia. En otras ocasiones, la investigada se quedaba fuera de la habitación. Estas agresiones sexuales se alargaron hasta marzo de 2019 y se produjeron unas 25 veces, según el fiscal. «Durante ese tiempo, cuando su padre se discutía con su pareja, se marchaban con la menor a un descampado del Vendrell, donde dentro del coche fumaban marihuana y con ánimos de satisfacer sus deseos sexuales, el procesado le decía que sufría un ataque de ninfomanía y que si no practicaban sexo le harían daño los testículos, accediendo a la menor», detalla el escrito.

En el mismo período, la víctima también se vio obligada a mantener relaciones sexuales con otro hombre que acudía al domicilio familiar. Según el fiscal, los encuentros sexuales se producían en el comedor de la vivienda donde colocaban un colchón en el suelo y todos mantenían relaciones. A consecuencia de los hechos, la menor ha sido diagnosticada de un trastorno adaptativo con sintomatología de angustia-depresiva y síndrome clínico moderadamente grave de incomodidad respecto al sexo. Asimismo, también sufre un trastorno depresivo mayor crónico, de carácter leve, que requiere seguimiento psicológico.

Peticiones de prisión

Por todo ello, el ministerio público reclama para el primer acusado dieciocho años de cárcel por un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años con acceso carnal e introducción de miembros corporales, con la prevalencia de relación de parentesco y comisión de actuación conjunta con más de dos personas. En sus conclusiones provisionales, también solicita la prohibición de comunicarse y de acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima durante 20 años y la libertad vigilada durante un período de diez años, así como la pena de 23 años de inhabilitación especial para cualquier trabajo relacionado con menores.

En cuanto a la segunda acusada, el fiscal le pide catorce años de cárcel por ser cooperadora de un delito continuado de agresión sexual a menor de dieciséis años. También le impone la prohibición de comunicarse y acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima durante 20 años, diez años de libertad vigilada y 20 de inhabilitación especial para cualquier profesión relacionada con menores.

En cuanto al tercer acusado, el ministerio público hace una petición de prisión de once años por un delito continuado de abuso sexual a menor de dieciséis años, quince años de prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima y diecisiete años más de inhabilitación especial para cualquier trabajo relacionado con menores.

A su vez, fiscalía pide una indemnización de responsabilidad civil en concepto de daños morales que suma 110.000 euros. De éstos, el primer acusado deberá indemnizar a la víctima con 60.000 euros, 30.000 euros y 20.000 la segunda y tercer procesados, respectivamente.