Una setentena de personas rechazan el desalojo del camping Sant Salvador de Coma-ruga y exigen soluciones

Unas setenta personas han protestado este sábado en las puertas del camping Sant Salvador de Coma-ruga, en el Vendrell, para rechazar su desalojo. Les 62 familias afectadas denuncian que a raíz de la venta del negocio, los nuevos propietarios les han dado un margen de tiempo insuficiente para abandonar el espacio. Inicialmente, la fecha límite para retirar las casas móviles era de un mes, un periodo que finalmente se ha alargado hasta el 14 de abril. Según la portavoz de la plataforma de afectados, Sandra López, la empresa sólo les permite acceder a las instalaciones en fines de semana y al mismo tiempo, los campistas no han encontrado lugar para reubicar las casas móviles. Por todo ello, piden una mesa de diálogo con la compañía donde estudiar soluciones para cada caso.

El desalojo del camping Sant Salvador de Coma-ruga, en el Vendrell (Baix Penedès), afecta actualmente a una sesentena de familias que tienen casas móviles. La situación llega después de la venta del negocio por parte de los antiguos propietarios a unos nuevos dueños, que según denuncian los campistas, les comunicaron por carta que tenían que abandonar el espacio en un plazo de un mes. Se trata de un periodo que inicialmente se agotaba este sábado 30 de marzo y que finalmente se ha ampliado quince días más, hasta el 14 de abril.

La plataforma de afectados critica que la empresa tan sólo permita acceder a las instalaciones los fines de semana para retirar las pertenencias, un tiempo que consideran «insuficiente» para reubicar las casas móviles. La portavoz de la entidad, Sandra López, ha señalado que el coste de sacar estos equipamientos se encuentra entre los 8.000 y 9.000 euros y la logística para moverlas requiere más de un mes y medio tiempo. De hecho, calcula que para hacerlo viable, haría falta un plazo de medio año.

Lamentan falta de comunicación

Además, López asegura que en los últimos dos años, los antiguos propietarios incitaron a los campistas a cambiar el tipo de casas móviles e invertir en un nuevo modelo que consistía en módulos con terraza y techos de madera, que oscilaba los 20.000 euros por equipamiento. Algunos campistas aceptaron renovarlos sin saber que el camping se vendería a nuevos propietarios y no los han llegado a estrenar. Es el caso de la Quiteria Ruiz, quien decidió venderse la caravana camperizada para comprar el nuevo modelo tan sólo quince días antes de ser notificados que tendrían que desalojar el camping. «Si nos hubieran dicho, 'tenéis este año y el próximo ya sabeo qué pasará', pues te lo coges de otra manera», ha lamentado.

Sin espacio para ser realojados

La plataforma asevera que en la veintena de campings que se encuentran en la costa tarraconense no hay posibilidad para trasladar los módulos. De momento, sólo cuatro afectados han podido sacar las casas móviles del camping Sant Salvador, mientras que el resto no sabe dónde reubicarse. «Nos encontramos con que por mucho que las queramos quitar, no tenemos donde dejarlas», ha apuntado a López.

Ante esta situación, los afectados reclaman la creación de una mesa de diálogo entre los nuevos propietarios del camping y los campistas. Entre otras cuestiones, se pretende pedir una ampliación del margen de tiempo para poder desalojar el espacio. López alerta de que la compañía les ha dicho que en caso de que en los próximos quince días no se hayan retirado todos los módulos, se encargará de reubicarlos y cobrará los gastos del traslado y posterior pupilaje a los propietarios. Una de las otras soluciones que se podrían estudiar, según la entidad, sería la compra de los módulos por parte de los nuevos dueños, siempre que se hiciera «a un precio justo».

No cierran la puerta a futuras movilizaciones

La concentración de este sábado se ha hecho delante de las puertas del camping Sant Salvador, en medio de silbatos y consignas en contra del desalojo del equipamiento turístico. En caso de que en las próximas semanas no se llegue a ningún acuerdo ni reciban ninguna respuesta por parte de la compañía, los campistas estudiarán con el bufete de abogados que les representan qué acciones pueden llevar a cabo y no descartan nuevas movilizaciones.