Desalojan a más de 40 personas de una finca ocupada en Coma-ruga

Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local del Vendrell han desalojado este jueves una finca de casas unifamiliares en Coma-ruga donde vivían 41 personas. Son más de 35 inmuebles construidos hace más de trece años, pero que nunca se pusieron en venta ni dispusieron de cédula de habitabilidad porque la promotora quebró.

La finca, en la esquina de las calles Ocells y Gaviota, era un «infierno» de incivismo y delincuencia, según ha aseverado el concejal de Seguridad Ciudadana, Christian Soriano, que ha detallado que desde enero del 2023 y hasta ahora acumula 130 actuaciones policiales por peleas, robos, incendios y agresiones sexuales. Las casas son propiedad de la Sareb desde el 2021, cuando empezó el proceso judicial que ha culminado hoy.

El desalojo ha sido ordenado por el juzgado de instrucción número 8 del Vendrell. En el dispositivo han participado más de 60 efectivos de los Mossos d'Esquadra y una veintena de la Policía Local, a la vez que ha colaborado el Cuerpo Nacional de Policía del estado español. Este último ha detenido a cuatro personas por incumplimiento de la ley de extranjería. El dispositivo se ha desarrollado sin incidencias destacables, según han apuntado sus responsables.

Soriano ha asegurado que buena parte de los ocupas utilizaban estas casas del barrio de la Creu, situadas justo ante el instituto escuela de Coma-ruga, para centralizar su actividad delictiva. Especialmente los últimos tres años. «La convivencia con los vecinos se había convertido en insostenible», ha subrayado el regidor, que ha augurado que el desalojo de este jueves «servirá para recuperar la tranquilidad al barrio».

También se ha felicitado de la actuación el alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez: «Hoy estamos satisfechos porque hemos resuelto un problema de delincuencia y porque los vecinos estarán tranquilos después de aguantar durante muchos años».

Martínez ha lamentado que la ocupación se haya alargado durante trece años, hecho que ha atribuido al abandono de las casas por parte de la constructora y posteriormente al largo proceso de embargo hasta que el Sareb adquirió la titularidad. Según el alcalde, desde que el «banco malo» fue el propietario el 2021, se activó todo el proceso judicial para ejecutar el desalojo.

«No nos podemos permitir que esto sea un foco delincuencial durante doce años delante de una escuela», ha lamentado Martínez, que ha hecho un llamamiento a modificar el sistema legal para evitar que estos procesos se dilaten tanto en el tiempo. «Pedimos herramientas para trabajar este tipo de ocupaciones sin populismos ni demagogias partidistas», ha añadido el regidor.

En cuanto a los desalojados, el alcalde ha detallado que hay seis menores de cuatro familias. Ha garantizado que los Servicios Sociales los están tramitando una alternativa habitacional en hoteles, campings o el albergue hasta que sean derivados a la mesa de emergencia para asignarlos un piso de alquiler social.

Este jueves a mediodía diversos operarios procedían a tapiar puertas y ventanas de las más de 35 casas de la finca para evitar que vuelvan a ser ocupadas. El alcalde ha dicho que la Policía Local estará pendiente de que los desalojados no se instalen ahora en otros inmuebles vacíos del municipio.

Tras la operación policial, Sareb ha accedido a los edificios para instalar medidas de seguridad que tienen como objetivo evitar una nueva ocupación de la promoción, así como evitar riesgos para los vecinos

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