Sólo el 10% de las familias con pobreza energética reciben el bono social

Baja la incidencia del bono social. Este es el dato más significativo que se presentó durante el plenario de la Mesade la Pobreza Energética de Tarragona y Reus que se tuvo lugar este lunes. «Sólo el 10% de las familias o personas» que presentaron sus facturas de luz y gas y solicitaron una ayuda municipal con el fin de pagarlas «recibieron el bono social», expuso al concejal de Medio Ambiente, Daniel Rubio.

El bono social es un mecanismo regulado por el Gobierno que busca proteger consumidores vulnerables con menores posibilidades económicas. Este mecanismo consiste en la aplicación de un 25% de descuento sobre el total de la factura. Esta rebaja sí que se aplica a la factura del agua, tanto en Reus como en Tarragona, ya que es competencia municipal, pero con el gas y la electricidad sólo podemos plantear medidas a las empresas, que son las que lo gestionan, defendía la concejala de Bienestar Social, Montserrat Vilella, que añadía que «si las familias vulnerables no tienen este bono social, hay un problema grave».

En total, en el 2015 fueron 715 las ayudas económicas que se ofrecieron desde el Ayuntamiento reusense para pagar la luz, y 182 para el gas. En este sentido, ambos consistorios afirman que trabajarán para «generar la fórmula para que el bono social llegue a quien tenga que llegar», exponía Vilella.

Actuaciones conjuntas

Los dos ayuntamientos han aprobado en sus respectivos plenos municipales tres mociones que permitirán mejorar la facturación de los gastos energéticos. Tal como explicó la consejerade Serveis a la Persona del Ayuntamiento de Tarragona, Ana Santos, han propuesto a las empresas de agua, luz y gas crear un nuevo marco tarifario que permita adecuar el coste total de la factura con el consumo real. También les han solicitado la creación de lo que llaman«facturas sociales», que tengan en cuenta una modalidad de facturación especiales para las personas o familias con menos recursos. Por último, también han pedido una reducción de los impuestos y las tasas de consumo básico.

Estas tres medidas, sin embargo, se tienen que gestionar con las compañías de suministro y con las administraciones y autonómicas y los entes municipales sólo pueden actuar sobre las facturas del agua. «Esperamos que tengan salida y una avanzadilla positiva», declaraba Santos.

Auditorías energéticas

Con el fin de conocer de primera mano cuál es la situación de los hogares con situación de vulnerabilidad social, los ayuntamientos de Reus y Tarragona realizaron auditorías energéticas. En total fue 49 entre las dos ciudades, 25 en Tarragona y 24 en Reus.

El análisis de las viviendas consistía en revisar las instalaciones de luz y gas con el fin de ver si son eficientes a la hora de reducir el consumo y comprobar cuál es el uso que hacen las personas sobre estas energías.

De esta manera, se pudo ver que la factura energética es más elevada que el consumo real de las familias, y que están pagando de más para|por una luz o un gas que no utilizan. También se detectó que no se hace un correcto ahorro energético y por eso se impartieron acciones de divulgación para dar pautas para disminuir el consumo.

De estas auditorías también se extrajeron dos perfiles de familias o personas con las cuales hay que trabajar. Hay un perfil de familias con problemas estructurales graves en la vivienda, que necesita reparaciones inmediatas, y la «nueva pobreza». Es decir, familias con buenas instalaciones que no pueden pagar las facturas.