La antigua ejecutiva de PxC pasa por los juzgados de Reus y señala a Anglada

Con las declaraciones de los últimos tres acusados de presunto delito de incitación al odio y el racismo en relación a la propaganda electoral que Plataforma per Catalunya difundió en el 2011, ya han pasado por los juzgados de Reus todos los antiguos miembros de la cúpula de PxC. Ayer fue el turno de Robert Hernando, actual secretario del partido, Augusto Armengol, que es el actual presidente y concejal del Ayuntamiento del Vendrell, y Mònica Lora, concejala del Ayuntamiento de Mataró.

Según Hilal Tarkou, presidente de la asociación Watani y abogado de la misma, los tres acusados cargaron contra Josep Anglada, que era el presidente de la plataforma durante el 2011. «Dicen que no saben nada del programa electoral», explicaba Tarkou, que añadía que los tres decían ser sólo consejos ejecutivos del partido pero «sobre papel» y que era como si no hicieran nada.

Mònica Lora, que se presentaba como alcaldable porMataró, afirmaba que «ni siquiera participó en el programa y nada que tuviera que ver con los falsos cheques repartidos», resumía al abogado de la acusación. También añadía, como conclusión que «queda claro que todos eran conscientes de que el programa tenía un carácter delictivo porque todos se apartan de él y eso prueba que tenían conocimiento». Además, Tarkou quiere recordar que todos, excepto Anglada y Marta Riera, están defendidos por Manos límpias y los 11 se han juntado para ir en contra de lo que fue el presidente durante aquella campaña.

Ahora que ya han declarado los 13 acusados, se pasará a una nueva fase. El juez dictará una aperturade juicio oral para que se presente el escrito de acusación y se traslade a la fiscalía. Después, se dará el traslado a la defensa para que pueda recurrir.

Hilal Tarkou exponía que piensa ir a portodas y pedirá pena de prisión y una indemnización por daños causados a la sociedad por todos los acusados. Además, «si consiguieron alguna subvención será considerado delito de malversación de fondos público y hará falta que se devuelva el dinero», sentenciaba el abogado. Por si no fuera suficiente, también se pedirá la inhabilitación del ejercicio de la atención y la administración pública y el sufragio pasivo. Es decir, que no se puedan presentar a ningún cargo político.