El gobierno pide 24 horas más a Intervención para negociar las ordenanzas

El gobierno ha pedido información a Intervención municipal sobre la posibilidad de ampliar hasta este martes, día 25 de octubre, el margen para la convocatoria de un pleno donde aprobar las ordenanzas fiscales del 2017, después de que los técnicos fijaran inicialmente el día de hoy como fecha límite para completar el paso, tal como apuntamos fuentes municipales. El ejecutivo quiere ganar estas 24 horas para agotar las posibilidades de llegar a un acuerdo sobre la propuesta fiscal con alguno de los grupos de la oposición con que obtendría la mayoría, y que se resumen al PSC y Ciudadanos. Los socialistas ya manifestaron al principio de la semana pasada la determinación que «no hay nada que negociar» en este aspecto mientras que a Ciudadanos, que ponía el jueves pasado encima de la mesa del gobierno las condiciones de reducción del gasto y un giro político alejado del independentismo antes de empezar a conversar –y donde entienden que el margen es diferente y abraza hasta a principios de noviembre–, se encuentran «a la espera de una respuesta» por parte de CiU, ERC y Ara Reus.

El plazo viene dado por la serie de trámites –aprobación inicial, exposición pública y alegaciones, aprobación definitiva– que las ordenanzas fiscales tendrían que superar después de la luz verde al pleno y antes quedar terminadas con el fin de poder entrar en vigor a partir del 1 de enero del 2018, y que exigen unos periodos de tiempos fijos. La previsión es que Intervención dé una respuesta al gobierno a lo largo de esta mañana y el mismo ejecutivo decida entonces el movimiento a hacer: si hay acuerdo con algún otro grupo que propicie la mayoría, se convocará un pleno extraordinario durante el día para sacar adelante la propuesta fiscal; si no hay acuerdo pero sí que hay más margen, lo más probable es que se siga negociando hasta el final; y si no hay acuerdo ni tampoco más margen, una vez consumido el plazo indicado por Intervención, las ordenanzas fiscales quedarán prorrogadas por segundo año consecutivo en la capital del Baix Camp. Lo más probable, sin embargo, es que el gobierno se pronuncie en un sentido u otro hoy después de haber mantenido, desde el jueves y hasta ahora, contactos con todos los grupos.

Un desequilibrio de 1’2 millones

De cualquier manera, y tal como ha estado recordando desde el «no sin vuelta atrás» de la asamblea de la CUP, el gobierno municipal apunta «un desequilibrio de 1,2 millones de euros» a los presupuestos si se prorrogan las tasas y la dificultad que generará la aplicación de la exención del pago del IBI en el Hospital Sant Joan. Un anuncio, este, que el ejecutivo ha basado principalmente en «la previsión del incremento de la masa salarial, el IBI del Sant Joan y la esperada disminución de aportaciones por parte de la Generalitat el próximo» año y que desde el PSC calificaban hace pocos días como una «grave amenaza a la ciudadanía» y una «consecuencia de la mala gestión» del propio gobierno.