El pleno municipal aprueba revisar los usos de los edificios eclesiásticos locales

El pleno municipal aprobó este miércoles una moción para que el consistorio revise los usos a los cuales se destinan los inmuebles de la iglesia católica y el resto de confesiones religiosas con presencia en la ciudad. La propuesta presentada por el PSC quiere que se consideren todo un listado de bienes que a su parecer consideran que «se estarían destinando como almacenes, parkings, cafeterías e incluso como solares», sin entrar a precisar en las ubicaciones ni de qué cantidad exacta estaría haciendo un uso más allá del estrictamente eclesiástico.

Por medio de su portavoz, Francesc Vallès, los socialistas argumentaron que «entendemos que la ley contempla que haya exenciones en el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles», de acuerdo con los acuerdos con la Santa Sede y el Estado español, firmada en 1979. Ahora bien, en muchos casos, «el uso que se hace no es el mismo que en el momento de la concesión», recalcó. Vallès reiteró en este sentido que actualmente «aquello que no ingresamos actualmente por este concepto es de 135.000 euros». El resto de grupos de la oposición dieron el apoyo a la moción, de la misma manera que el consistorio, aunque en palabras de Marc Arza, este dijo que que «hay entidades sin ánimo de lucro y por eso tienen exenciones». Concretamente, la ciudad cuenta, según explicaron los socialistas, con un total de 52 inmuebles exentos de este impuesto.

Precios públicos visibles

Otra de las mociones que prosperó fue la implantación de una ordenanza general que regule los precios públicos, hecha a instancias de la CUP. Marta Llorens la defendió «para poner orden en los pagos que hace la ciudadanía», ejemplarizando que «nunca hemos aprobado en el precio de las entradas para un espectáculo», poniendo en consideración el papel del plenario para llevarlo a término. Así, defendieron a un modelo que «ponga claridad a precios ahora mismo expuestos de forma diferenciada por parte del Ayuntamiento, empresas municipales y organismos autónomos».

De la misma manera, en el plenario de este miércoles prosperó la moción de Ciudadanos para la creación de una perrera municipal. Un punto que suscitó consenso general entre las formaciones políticas excepto la CUP –quien se refirió a las negociaciones para la municipalización– y que supondrá un servicio mancomunado a través del Consell Comarcal del Baix Camp. Ahora habrá que concretar cuál será la aportación económica que hará el Ayuntamiento a la creación de este ente. Sobre este punto, también se consensuó la necesidad de renovar a la actual ordenanza de tenencia de animales.

Salud y deuda de la Generalitat

En cambio, una de las mociones que se rechazó fue la que a instancias del Partit Popular instaba el gobierno a pedir la representación de los grupos municipales en el Consejo de Administración de Ginsa. Domènech apeló al voto favorable del resto de grupos porque «la situación lo pide ante el déficit que arrastra el Hospital de Sant Joan; necesitamos tener una información directa de primera mano», recalcó. Desde el gobierno municipal, sacaron la calculadora para responder a los populares y Noemí Llauradó remachó que «si permitimos la presencia de todos los grupos municipales sobrepasaríamos los consellers permitidos», recordando que se tendrían que sumar también todos los grupos municipales de Amposta y de Tortosa que también tienen una representación actual en el consejo.

También en materia de salud, en este caso sí que prosperó una moción por la cual se aplicarán a Reus las estrategias de salud a todas las políticas, en una tarea que tiene que involucrar las diversas concejalías. En el capítulo de aprobaciones también hay que sumar aspectos relativos a la modificación del reglamento de venta ambulante en la ciudad, donde se incidirán en aspectos como las aclaraciones en las causas de transmisión, la ubicación y la separación de las paradas o la prórroga de las autorizaciones. Por otra parte, se hizo constar una modificación a la baja del precio del contrato de explotación de la central de recogida neumática y que deja la cifra en 127.534 euros. En el capítulo de ruegos y preguntas, el consistorio explicó que la deuda de la Generalitat con la capital del Baix Camp supera los 44 millones de euros; de los cuales 12 están contraídos con el Ayuntamiento y, 32 con las empresas; de estos últimos, 25 con el Hospital. Por otra parte, desde Vía Pública afirmaron, a pregunta de Ciutadans, que se estudiará la ubicación de semáforos a la altura de Urgencias y se trabajará en un un plan para evitar la presencia de ratas en la ciudad.