Vivienda libra en forma de alquiler social 7 pisos de entidades bancarias

Un total de siete familias han formalizado un contrato de alquiler social a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya, en pisos propiedades de entidades bancarias. Estos se han podido llevar a cabo a raíz del convenio firmado por la Generalitat con el Sareb –el popularmente conocido como banco malo– en julio de 2015 y los acuerdos con las entidades BBVA, Caixabank y Bankia, que han permitido incrementar el parque de viviendas cedidas por entidades financieras. Según detallan desde la Agència de l'Habitatge, se contempló entonces la cesión de 42 viviendas en la capital Baix Camp. Así, más allá de estas ya 7 formalizaciones, hay un total de 11 casos más en los cuales se están ejecutando las obras de arreglo y que próximamente supondrán nuevos contratos.

Por otra parte, hay 5 casos en que los inmuebles se cederán; casos donde los inquilinos no pueden asumir el coste hipotecario. Es decir, se ha evitado el desahucio y ahora se está tramitando el expediente correspondiente para su regularización social «siempre y cuando quede acreditado que se trata de familias vulnerables». Sobre los 19 restantes, se han ofrecido en la Mesa de Valoració per a situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya, para atender las solicitudes presentadas por los servicios sociales municipales. La renta establecida por estos inmuebles es de 150 euros, si bien desde Habitatge se otorga una ayuda para el pago del alquiler. Un importe «variable en función de los ingresos que se perciben».

Reunión por el barrio Gaudí

Por otra parte siguen las reuniones entre vecinos, Ayuntamiento y Generalitat en el caso de las familias que ocupan actualmente pisos en el barrio Gaudí, principalmente ubicadas en el bloque verde de la avenida de Barcelona. Según explica Antonio Montoya, responsable de la Oficina d’Atenció al Veïnat, la situación, que tiene que suponer la regularización con la consecuente fijación de un alquiler social «está yendo por buen camino y creemos que en el plazo de un año se habría tenido que dar respuesta en cada uno de estos casos». De la veintena de personas que se encuentran en esta situación, Montoya traza una línea divisoria entendiendo «la atención que se tiene que dar a las 13 personas que están adheridas en la plataforma creada en el barrio para buscar estas soluciones». En estos pisos, el consistorio actúa «de facto» como mediador y vehicula la demanda a la Generalitat de Catalunya para, en última instancia, hacer llegar la propiedad de las viviendas.

Fuentes del consistorio explicaban recientemente a este diario que todavía «se está trabajando en este asunto». En este sentido, según apunta Montoya, uno de los puntos de los cuales se tratará en una reunión inminente es si los actuales ocupantes de estos pisos permanecerían en las viviendas en las cuales se encuentran instalados ahora mismo o bien serían reubicados, una vez regularizada su situación de alquiler social, en otros bloques del barrio. Tal como añadía el propio Montoya, «en principio se hablaría de trasladarse hacia otros emplazamientos, pero hace falta tener en cuenta que en muchos casos los actuales inquilinos, a pesar de la situación de ocupación, «han mejorado el estado de la vivienda en la cual residen allí», apuntaba.