La Generalitat sancionará Gas Natural si no acredita que comunicó el corte de luz a los servicios sociales de Reus

La Generalitat ha anunciado que abrirá un expediente sancionador a la empresa Gas Natural si no acredita que comunicó a los servicios sociales del Ayuntamiento de Reus que había cortado la luz a la mujer de 81 años muerta en el incendio de su casa, tal como prevé la ley 24/2015. En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, el conseller Jordi Baiget ha explicado que este martes el Departament d'Empresa i Coneixement ha entregado un requerimiento de información a la empresa, que ahora tiene un plazo de cinco días para responder y acreditar si cumplió los protocolos establecidos. Según el Ayuntamiento, la compañía no hizo llegar ninguna comunicación a los servicios sociales. Por otra parte, el conseller Baiget ha confirmado que, hasta el momento, el Gobierno ha interpuesto dieciocho sanciones de 10.000 euros a empresas suministradoras para incumplir la normativa vigente y ha garantizado que seguirán actuando «con toda la contundencia» ante este tipo de casos.

Hasta 18 sanciones

Hasta el momento, el Gobierno ya ha interpuesto 195 denuncias, ha incoado 115 expedientes y ha tramitado 119 propuestas de sanción por incumplimientos de la normativa. De estos, 18 expedientes ya se han cerrado y han comportado sanciones a las empresas suministradoras, todas ellas por un importe de 10.000 euros, dado que no eran reincidentes. Ésta es la cantidad mínima de sanción prevista en los casos graves, que pueden llegar a un máximo de 100.000 euros.

El conseller de Empresa ha defendido que el Gobierno seguirá aplicando la ley e imponiendo sanciones «con toda la contundencia», pero ha advertido que habrá que esperar a resolver el expediente para conocer si en el caso de Reus, en el que se ha producido una víctima mortal, este baremo económico podría ser superior y si podría considerarse como una infracción muy grave -con multas de hasta un millón de euros.

Baiget ha defendido que el ejecutivo es partidario de poder tener «todas las competencias» con el fin de definir una tarifa eléctrica que incorpore un bono social, a pesar del rechazo de la patronal eléctrica. En este sentido, ha recordado que la ley prevé la celebración de convenios entre la Generalitat y las compañías, pero que hasta ahora sólo han conseguido acuerdos con más de una veintena de empresas suministradoras de agua.

El conseller ha manifestado que el Gobierno no desfallecerá y seguirá trabajando con el fin de llegar a acuerdos con las compañías de luz y gas, con quien se ha reunido, ha dicho, hasta 25 veces. En caso de que no se pueda llegar a un entendimiento sobre la tarificación social, Baiget ha adelantado que plantearán un cambio de legislación para poder actuar de forma «unilateral» y tener potestad para exigir «determinadas obligaciones» a las compañías eléctricas.

«La vecina de Reus había rechazado ayudas»

Baiget ha afirmado que, desde este lunes por la tarde, han estado en contacto directo con el Ayuntamiento de Reus. El consistorio, que a su vez también ha anunciado que emprenderá acciones legales contra Gas Natural, ha informado en el Gobierno de que la abuela «estaba siendo vigilada y tratada por los servicios sociales» y que, de hecho, tenía abierto un expediente de vulnerabilidad social desde el 2013.

El conseller de Empresa i Coneixement ha manifestado que, si bien había solicitado una ayuda municipal para el pago del agua, no consta que la mujer hubiera hecho el mismo con el suministro eléctrico. Además, según Baiget, la mujer había llegado a rechazar determinadas ayudas -el último, un servicio de asistencia domiciliaria el 3 de noviembre- y había llegado a impedir el acceso del personal de los servicios sociales a su domicilio.

El conseller ha trasladado el pésame del Gobierno por la muerte de la vecina de Reus y ha recordado que el caso está bajo investigación de los Mossos d'Esquadra. En este sentido, ha manifestado que el Gobierno pondrá a disposición de los investigadores y de la justicia toda aquella información que vaya obteniendo.

«Las compañías tienen que avisar a los servicios sociales antes de cortar el suministro»

Según la ley 24/2015, la empresa, con la cesión de datos expreso o tácito del consumidor, antes de hacer cualquier corte del suministro tiene que dirigirse al servicio social del municipio del afectado para solicitar un informe que acredite si la persona se encuentra o no dentro de una situación de riesgo de exclusión residencial. Si el consistorio ya dispone de los datos de la persona, los servicios sociales tienen que hacer el informe en el plazo de 15 días y enviarlo a la empresa que se lo ha pedido.

Si transcurrido este plazo no se ha dictado resolución expresa, la Ley recoge que «se entiende que la persona o unidad familiar se encuentra efectivamente en situación de riesgo y no se le puede cortar su suministro». Además, en el envío de los informes a las compañías suministradoras, los servicios sociales tienen que recordar que si proceden al corte de suministro de una persona en situación de riesgo de exclusión residencial, estarán incumpliendo con el principio de precaución establecido a la Ley 24/2015 y que, por lo tanto, pueden ser sancionadas de acuerdo con la normativa de consumo.