El propietario de Traiber culpa a un trabajador «resentido» por las prótesis defectuosas
Luis Márquez acusa a los peritos de no haber analizado las piezas extraídas a pacientes de forma «imparcial» y asegura que son «las mejores del mercado»
El propietario de Traiber, Luis Márquez, con su abogado ante los juzgados de Reus.
El gerente de la empresa Traiber, Luis Márquez, ha defendido este miércoles que sus prótesis son «tecnológicamente impecables y de las mejores del mercado» y ha acusado a los peritos de no haber actuado de forma «imparcial» en el análisis de las piezas extraídas a varios pacientes.
El fundador de la compañía reusense ha comparecido este miércoles ante el juez del caso Innova de Reus para responder como investigado por la presunta venta de prótesis caducadas y en mal estado, y también por las presuntas presiones a varios médicos y al Hospital Sant Joan de Reus para que colocaran las prótesis de la compañía. Márquez se ha acogido a su derecho de no declarar «porque el procedimiento todavía no está acabado y hay cosas que todavía tienen que salir», según ha explicado en las puertas de los juzgados de Reus. El propietario de la firma ha atribuido los problemas detectados a un trabajador «resentido» en motivo de los problemas económicos que obligaron a la compañía a entrar en concurso de acreedores. Márquez ha acusado a este empleado de haber «saboteado» la empresa obviando varios controles que tenía que llevar a cabo.
Márquez ha trasladado un mensaje de «tranquilidad» a los pacientes afectados y a la ciudadanía y ha garantizado la buena calidad de sus productos. Además, ha puesto en duda la objetividad de los peritos que han analizado las piezas extraídas a varios pacientes. «Leyendo los informes, creo que no son objetivos ni imparciales. Se ha hecho el informe que la acusación quería que se hiciera», ha lanzado. El propietario de Traiber ha lamentado que su empresa todavía esté precintada «sin saber por qué» y que lo hayan dejado sin negocio. Márquez ha recordado que Traiber, durante sus 31 años, se convirtió en una empresa pionera en Cataluña y demostró un alto nivel investigador que le valió varios reconocimientos, según ha señalado. «Hemos hecho más de 40 patentes internacionales y hemos vendido en todo el mundo más de tres millones de productos nuestros y nunca habíamos tenido ninguna denuncia ni ninguna queja. Sólo a raíz de este procedimiento han salido las cosas que han salido, porque cuando se quieren sacar cosas, se sacan de allí donde no hay», ha remarcado.
Márquez también ha criticado al jefe de Traumatologia del Hospital Sant Joan de Reus, a quién ha acusado de haber impuesto la compra de prótesis americanas en detrimento de las suyas. «Nosotros llevábamos quince años implantando prótesis aquí sin ningún problema y ha impuesto unas extranjeras, que son tres veces más caras que las nuestras y no son mejores,» ha argumentado.
Por su parte, el abogado de 57 afectados por las prótesis presuntamente defectuosas de Traiber, Emili Ortiz, ha remarcado que las periciales han ido a cargo de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el Centre Català del Plàstic, dos instituciones que, según ha dicho, en ningún caso han actuado de forma parcial. Según el letrado, los análisis concluyen que las prótesis no cumplían los estándares de calidad y que presentaban numerosos defectos. También que incluían partículas abrasivas que liberan al cuerpo partículas potencialmente cancerígenas, polietileno en mal estado y se esterilizaban más de una vez.
Una sesentena de investigados
En octubre, el titular del juzgado de instrucción número 3 de Reus acordó dividir en dos partes la pieza separada número 4 del caso Innova, relativa a Traiber. La pieza 4 se mantiene y se centra en las presuntas presiones a varios médicos y en el hospital reusense para que colocaran las prótesis de la compañía. Además, creó la pieza 15, sobre los pacientes afectados. De estos, cerca de un centenar se habrían personado en la causa, según Ortiz.
Además del empresario, entre los investigados hay 47 médicos -la mayoría de los cuales son cirujanos ortopédicos-, por las sospechas que habrían podido cobrar comisiones ilegales por parte de la empresa Traiber a cambio de utilizar su material y para que «mantuvieran la boca cerrada» sobre las deficiencias técnicas detectadas. También figuran como investigados 12 trabajadores de Traiber, además de su propietario, Luis Márquez; así como el directivo de Sagessa, Joan Benet; la exprimera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Reus Teresa Gomis, y el actual concejal reusense Marc Arza, los dos de CiU, en su caso por haber presionado, presuntamente, para que el Hospital de Sant Joan de Reus volviera a comprar a la empresa Traiber. El magistrado les atribuye una docena de presuntos delitos: prevaricación y malversación de primordiales públicos, alteración de precios en concursos y subastas públicas, tráfico de influencias, soborno, omisión del deber de perseguir delitos, societario, fraude a la Administración, estafa, corrupción entre particulares, falsedad documental, salud pública, y blanqueo de capitales.