Reus se compromete a expedientar los cortes de suministro realizados sin comunicación previa
La Alianza Contra la Pobreza Energética reclama a los consistorios que sean más proactivos y hagan cumplir la ley
Los representantes de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Reus saliendo del consistorio.
El Ayuntamiento de Reus se ha comprometido con la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca a abrir expedientes sancionadores para todos aquellos cortes de suministro energético que se hagan sin comunicación previa a los servicios sociales, tal como exige la normativa. Según ha afirmado este martes la portavoz del APE, Maria Campuzano, después de reunirse con el alcalde y la concejala de Bienestar Social de la capital del Baix Camp, hace falta que todos los ayuntamientos sean más proactivos a la hora de hacer cumplir la ley 24/2015. En este sentido, ha puesto de ejemplo el caso de Sabadell, que ha abierto unos 250 expedientes sancionadores por este tipo de infracciones.
Campuzano ha señalado también que el consistorio reusense estudiará la instalación de contadores sociales para las familias que no tengan garantizados los servicios, de manera provisional y hasta que no se les encuentre una alternativa habitacional. La medida sería de tipo provisional, ha dicho, hasta que no se encuentre una solución habitacional para las personas afectadas. Asimismo, el Ayuntamiento también ha trasladado a la Alianza Contra la Pobreza Energética que solicitará de manera periódica a todas las compañías que operan a la ciudad que entreguen un listado de las familias amenazadas con el corte de suministro.
«Hace falta que todos los ayuntamientos hagan cumplir la ley y que sean proactivos», ha exigido Campuzano, para garantizar que «lo que ha pasado en Reus no se vuelva a repetir en ningún sitio». Después de la reunión, que ha tenido lugar a puerta cerrada, fuentes municipales han hecho una valoración muy positiva del encuentro y han manifestado que se intensificará la colaboración con las entidades sociales en el marco de la Mesa de pobreza energética que integran los ayuntamientos de Reus y Tarragona. Por otra parte, la APE ha vuelto a pedir a la Generalitat que imponga a Gas Natural «la máxima sanción» que permite la ley -de un millón de euros- por las consecuencias mortales del corte de luz a la vecina de Reus de 81 años.