Acusan a un abogado de querer pagar un funcionario para obtener una recalificación

Dos socios de una promotora aragonesa declararon este martes que el abogado reusense G.P.F. les pidió 600.000 euros a cambio de agilizar un proyecto urbanístico, pagando parte de este dinero a un funcionario municipal. La propuesta «desleal» la habrían recibido el año 2007 mediante su representante legal, otro abogado de Cambrils, a quién el acusado había pedido que les transmitiera esta petición días después de hacer una visita conjunta al departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Reus.

La vista oral de este caso tuvo lugar el martes a la Audiencia provincial de Tarragona. El letrado procesado era propietario de unos terrenos ubicados en el denominado sector B-5 del Plan General Urbanístico de Reus que pretendía vender a mayo del 2007 a un inversor, que a su vez negociaba con la promotora aragonesa la compra de la mitad de los terrenos, con la pretensión de construir en ellos. El representante del Ministerio Fiscal pide a sus conclusiones provisionales penas que suman tres años por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida y falsificación de documento mercantil. Añade el representante del Ministerio Público una pena de dieciocho meses de multa por considerar que G.P.F. ha cometido también un delito de deslealtad profesional.

Asimismo, se pide la cantidad de 100.000 euros en concepto de indemnización como responsabilidad civil que irían destinados al comprador inicial de los terrenos. Uno de los socios que participaba en la compra de la finca de Reus llegó a decir al tribunal que consideró que aquello que le transmitió su abogado de Cambrils –la intención que tenía G.P.F. de agilizar los trámites mediante el pago a un funcionario– le sonó como «una cosa rara» y que incluso declaró ante el tribunal que lo consideraba un «chantaje».

El acusado, que ejercía la autodefensa, hizo que en la sala se viera una curiosa escena, ya que se sacó la toga de abogado defensor para sentarse en el lugar destinado a los procesados, donde fue interrogado. El mundo cambió completamente de color en sus palabras, ya que sorprendió a los asistentes afirmando que los terrenos que él vendía no necesitaban ninguna recalificación ni segregación y que ya se podía construir en ellos mucho antes de que se hicieran estos contratos. El acusado/defensa afirmó que la finca ya se encontraba en el Plan Urbanístico y que no existía ningún proceso «extraño» detrás de su situación. La venta de los terrenos, que nunca se llegó a formalizar tenía un valor de compra de cinco millones de euros.

El abogado G.P.F. remarcó que los testigos que afirmaban que se les había ofrecido la posibilidad de solucionar la situación de presunta inmovilidad del proyecto en el Ayuntamiento no habían oído directamente de él aquella oferta, y que, por lo tanto, la negaba. El presidente del Tribunal hizo mención a que el testigo del abogado cambrilense que representaba a los empresarios aragoneses, que declararon por videoconferencia desde Zaragoza, no había sido considerado necesario para este caso y, por lo tanto, no podía servir como prueba, aunque se hablara que él fue quien informó de la oferta de los «cien millones de pesetas» a sus representados. Por otra parte, el caso que se juzgaba no tenía como pretensión determinar una presunta estafa, que hubiera sido el delito cometido en caso de que se juzgara la oferta de pago a cambio de una solución urbanística de carácter ilegal.

Así que censuró algunas preguntas al representante del Ministerio Fiscal, que considerando oportuno «entrar» en el tema de la presunta oferta a los promotores levantó su protesta, que constó en acta. Dentro de los hechos que el Ministerio Público consideraba probados, se cita que G.P.F. se reunió con el letrado de los promotores «sin el consentimiento de su mandante en claro prejuicio a sus intereses y obstruyendo el buen fin de su encargo». El fiscal cita que propuso al letrado de los empresarios que «si le entregaba la cantidad de seis millones de euros –aunque los testigos dijeron 600.000– para repartir entre ellos y el funcionario del Ayuntamiento de Reus podría agilizar los trámites».