El Consorci d'Inversions Públiques atado a Innova queda finalmente disuelto

El Consorci d'Inversions Públiques (CIP), el organismo de carácter financiero que tenía como objetivo avanzar inversiones sanitarias que la Generalitat tenía que acabar compensando, ha quedado disuelto y liquidado, según se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia. Este consorcio se constituyó en el 2008 y lo integraban los ayuntamientos de Reus, Tortosa y Amposta, en los que posteriormente se sumó Deltebre. En los últimos meses los diversos consistorios integrantes han ratificado la disolución de este instrumento, que se encontraba sin actividad. En este sentido, las últimas cuentas aprobadas por el CIP eran del ejercicio 2010, según apuntaban fuentes del consistorio reusense. La intención de acabar con el consorcio se ponía de manifiesto en marzo de 2015, cuando el Ayuntamiento de Reus anunció que ante la inactividad y el proceso de simplificación de la estructura societaria municipal, proponía la disolución, contemplada en la última reunión de su consejo general, en octubre de 2014.

El ente estaba en el punto de mira de formaciones como la CUP. El entonces concejal David Vidal, en una comparecencia en el Palau Municipal, afirmaba que el CIP «no había servido de nada» y anunció que su formación registraría una instancia pidiendo las transferencias de capital efectuadas y la facturación. Los cupaires denunciaban que aunque los proyectos del CIP no llegaran a materializarse –en referencia a la construcción de diferentes centros sanitarios como el nuevo Hospital de Tortosa o uno nuevo en Amposta– querían saber si se encargaron proyectos a arquitectos y qué proceso se siguió para contratarlos, ya que después de los diferentes procesos de instrucción judicial no descartaban que podría haber «elementos más que cuestionables». En este sentido, el proyecto de redacción del Hospital de Tortosa –que quedó aparcado en el 2011–, contemplaba la idea presentada por los arquitectos entre las que figuraba la socia de Jorge Batesteza, imputado en el caso Innova.

La gestación del CIP se hizo en el pleno del 9 de octubre de 2008, con una moción encabezada por el entonces alcalde Pérez para constituir un ente que pudiera establecer convenios con diferentes departamentos de la Generalitat y otras instituciones para facilitar la construcción de equipamientos públicos con el compromiso de pago aplazado por parte de estos. El CIP tenía que gestionar inicialmente los créditos necesarios para hacer frente a proyectos por valor de unos 150 millones de euros, sobre todo del ámbito sanitario. Además del Ebro, se preveía la ampliación y construcción de nuevos centros sanitarios de atención primaria en Reus.