La comisaría de la Guardia Urbana en Reus esquiva observaciones del Síndico

El informe anual del Mecanismo Catalán para la Prevención de la Tortura (MCPT), en la edición que recoge los datos del 2016 y que el Síndico de Agravios presentó el pasado 28 de diciembre ante el Parlamento, refleja las conclusiones de una retahíla de «visitas de seguimiento» a comisarías de Cataluña –cómo Tarragona, Badalona, Mataró o Sitges, hasta un total de 29 edificios entre Guardia Urbana y Mossos D'Esquadra, – y en las cuales la institución constata que «con carácter general», en todas ellas «se han adoptado las medidas necesarias para hacer las modificaciones y mejoras que se recomendaban el año 2015 con el objetivo de velar por los derechos de las personas privadas de libertad a este tipo de dependencias. No es el caso de otras comisarías, «como la de Reus», tal como detalla el mismo documento, dónde «se han mostrado más reticentes a aceptar las recomendaciones trasladadas» en la anterior visita, «lo cual ha llevado al Equipo a reiterar el cumplimiento» de cara al 2017.

Hace dos años, el Síndico registraba un «incidente» ocurrido a su paso por las instalaciones de la policía local de Reus –la institución programa las visitas por toda Cataluña y sin previo aviso para garantizar la transparencia– y detallaba que miembros del cuerpo habían «entorpecido» la entrada del equipo de trabajo de la Sindicatura en el Área de Custodia de Persones Detingudes (ACD). Un extremo, este, que el mismo Ayuntamiento rebatía y atribuía a una «cuestión protocolaria» que llevó la cabeza de la Guardia Urbana a hacer esperar al Síndico para realizar la visita bajo «la voluntad de recibirlo personalmente cómo hace con toda autoridad ilustre». El Síndico realizó, fruto de la inspección del ACD, dos recomendaciones a la policía: la retirada de medicación –se encontraron aspirinas y paracetamol– del interior del botiquín de la comisaría ya que los botiquines ubicados en puestos de trabajo no tienen que disponer y que «el personal sanitario es el único» que puede dispensar medicamentos»; y la supresión de sillas ancladas en la zona de celdas «por seguridad». El cuerpo policial remitió una respuesta para cada recomendación del Síndico y decidió no aceptar ninguno.

El armero y elementos de contención

Ahora, un año más tarde y completada una visita de seguimiento para valorar la implementación de las medidas enumeradas en primer término, el Síndico amplía el listado a siete recomendaciones y apunta que «las sillas continúan ancladas en el suelo y el botiquín contiene medicación». Además, destaca que «se vuelve a observar que al parking hay cámaras de videovigilancia, pero no los carteles informativos», que «la sala de cacheo no tiene cámara y el armero está situado en una sala anexa y tampoco no tiene» y que, con respecto a elementos de contención, «sólo disponen de un casco integral».

Por todo ello, y aparte de insistir en la cuestión de botiquín y sillas, el Síndico avisa la Guardia Urbana de que «hay» que poner» sistemas de videovigilancia a todos los espacios del ACD dónde permanece o transita la persona detenida», «cambiar la ubicación actual del armero y colocarlo fuera del ACD, como al parking, para garantizar la seguridad física de los agentes y las personas detenidas» y «renovar el casco integral y cambiarlo por una de protección antitrauma para evitar lesiones al cabo de la persona detenida y golpes en los agentes».