El juez mantiene las acusaciones contra la antigua cúpula de PxC por la campaña racista del 2011

El juzgado de instrucción número 3 de Reus ha cerrado la instrucción del caso que investiga la campaña de Plataforma per Cataluña (PxC) de las elecciones municipales del 2011 y mantiene las acusaciones contra la antigua cúpula del partido, encabezada por Josep Anglada. En un auto en que ha tenido acceso el ACN, el magistrado considera que los trece encausados fueron «los autores e ideólogos» de la propaganda electoral que incluía un cheque simulado a nombre de una persona magrebí con el importe de 4.000 euros, en el reverso del cual se decía que el Parlamento había repartido 4.000 MEUR entre los inmigrantes el 2009 y 2010. Según el juez, estos hechos constituyen un presunto delito de discriminación y provocación al odio, que se castiga con penas de entre uno y tres años de prisión y una multa de seis a doce meses. Ahora, las partes tienen que solicitar la apertura de juicio oral o el archivamiento del caso.

El juez considera que el contenido de la campaña «supera los límites de la libertad de expresión y golpea en el núcleo de la dignidad humana» y es «un discurso indiciariamente delictivo». Además, sostiene que las informaciones difundidas por la formación «suponen la difusión de un mensaje que promueve o justifica el odio racial y la xenofobia porque es un discurso basado en la intolerancia».

El instructor mantiene «se puede tener una política más o menos favorable a la inmigración, pero no se puede convertir la inmigración en odiosa para defender tal política». El juez considera que este tipo de discursos del odio pueden incitar el resto de la población «a fabricar un enemigo artificial y predisponen el caldo de cultivo adecuado para que, en un momento de fuerte crisis económica, se pueda llegar a canalizar cualquier acto violento contra aquellos inmigrantes».

En el auto, el juez reseña que la campaña electoral de PxC pone «en entredicho» el derecho de los inmigrantes musulmanes a convivir pacíficamente en el Estado. «La difusión de un mensaje como el de PxC supone una evidente subestimación o trivialització de los inmigrantes musulmanes, por lo que es indiciariamente delictiva porque choca con bienes constitucionalmente relevantes», subraya.

La campaña

La propaganda incluía un cheque simulado a nombre de Mohamed Alcabir Samir con el importe de 4.000 euros, en el reverso del cual se decía que el Parlamento ha repartido 4.000 MEUR entre los inmigrantes el 2009 y 2010, y que cada catalán destina 600 euros de sus impuestos para que cada inmigrante reciba 4.000 euros.

Además, los panfletos gritaban a la eliminación de las plazas de colegios y jardines de infancia de la ciudad reservados para inmigrantes e, igualmente, se manifestaba que «siete de cada nueve nuevos puestos de trabajo son para los inmigrantes», que son «mano de obra que genera competencia desleal con pérdida de derecho laboral y salariales a la baja» o que «a los inmigrantes se les paga el alquiler del piso, subsidios sin haber cotizado, recibos del agua y la luz, becas escolares, cochecitos de bebé y avales para la farmacia o el supermercado».

También se hacían afirmaciones como «el comercio inmigrante acaba con el tejido comercial», que «los inmigrantes incumplen los horarios, trabajan sin cotizar, exentos de impuestos» o, en otro punto del programa, se vinculaba la inmigración con las mafias.

La asociación Watani denunció los hechos

En el 2013 el magistrado Diego Álvarez de Juan -al mismo tiempo instructor del caso Innova- ya citó a declarar como imputado por estos hechos el cabeza de lista de PxC por Reus en las municipales, a Albert Tafalla, a raíz de una denuncia de la asociación Watani. El 4 de diciembre del 2013 el candidato local declaró a los juzgados que la campaña estaba dirigida por la cúpula del partido y se escudó en la libertad de expresión. Tafalla compareció acompañado de varios miembros del partido encabezados por su presidente, Josep Anglada, el cual denunció que eran objeto de una «caza de brujas» y «que ninguna asociación islámica prohibirá que defendamos que primero son los de casa».

Entonces, la fiscalía y la defensa solicitaron el sobreseimiento del caso. El ministerio fiscal «reprobable» el contenido del programa de PxC, pero argumentó que no se podía comprobar cuál había sido el grado de incidencia que aquellas manifestaciones habían tenido en el electorado ni si se había producido algún incidente en el proceso electoral derivado de las mismas. Finalmente, sin embargo, el juez atendió las demandas de la asociación local Watani, liderada por el abogado Hilal Tarkou, y acordó mantener la imputación de Tafalla y dirigir el proceso contra la cúpula del partido, que declaró a los juzgados el verano del año pasado.

En julio, el expresidente de Plataforma por Cataluña (PxC), Josep Anglada, se sacudió la responsabilidad en relación a la difusión de la propaganda racista. El político ultraderechista compareció en los juzgados de Reus cargado de documentación para demostrar que, si bien era presidente, no tuvo nada que ver con el contenido de la campaña y que cada municipio tenía la potestad para hacer y deshacer.

A un paso del juicio

En un auto dictado el pasado 16 de febrero, el juez ha acordado mantener las acusaciones contra el entonces candidato de PxC a Reus, Albert Tafalla, y los miembros del consejo ejecutivo de la formación del año 2011. Se trata del exlíder de la formación, Josep Anglada; la exsecretaria de presidencia, Marta Riera; el exsecretario de organización y acción electoral, David Parada; el exsecretario general y portavoz, Robert Hernando; al secretario general y territorial en Tarragona, August Armengol; la secretaria de las JIC, Mònica Lora; el secretario jurídico y delegado de Barcelona, Joan Garriga; el secretario territorial por Lérida, Eduard Pallerola; el miembro del comité de campaña Ignacio Mulleras; los secretarios territoriales por Barcelona y Gerona, Miguel Ángel Chiquillo y Moisès Font, respectivamente, y el secretario de economía, Daniel Ordóñez.

La resolución judicial da diez días en las partes para que soliciten la apertura del juicio oral y presenten un escrito de acusación, o que pidan el sobreseimiento de la causa. El abogado de la asociación denunciante Watani, Hilal Tarkou, ha avanzado al ACN que solicitará la pena máxima de tres años de prisión y doce meses de multa. Las partes pueden presentar el correspondiente recurso de reforma y, subsidiariamente, de apelación.