Sant Josep Obrer instalará cámaras «con un presupuesto o sin» en el 2017
El gobierno incluye la vigilancia en las cuentas y prevé recurrir a los del 2016 por un barrio que viene de vivir episodios de droga y peleas
El gobierno ha previsto, en su propuesta de presupuesto municipal para el 2017, una inversión de cerca de 50.000 euros destinada a la instalación de cámaras de vigilancia en Sant Josep Obrer. El proyecto, entendido como una «prioridad», se materializará de cualquier forma a lo largo de este mismo año, tanto si se da un acuerdo para la aprobación de unas nuevas cuentas como si este no se acaba alcanzando y se mantiene la situación actual, de prórroga de los del 2016. Fuentes municipales confirman que, «con presupuesto o sin», el ejecutivo tiene presente el compromiso de dotar el barrio del sistema de seguridad por vídeo y contempla «buscar fórmulas alternativas» de financiación, si no se llega a un entendimiento con alguna otra formación, las cuales pasarían por instalar las cámaras contra el presupuesto del año pasado, prescindiendo de cantidades en otros ámbitos.
El importe que es necesario para la colocación y puesta en funcionamiento de la videovigilancia vinculada a la Guardia Urbana comportará, al superar el límite de 18.000 euros, la apertura de un proceso público de licitación para encontrar la empresa que las suministre y coloque. En este sentido, tal como apuntan las mismas fuentes, la documentación está terminada y permitiría sacar adelante el proyecto de manera inminente. Este, a pesar de todo, y teniendo en cuenta los plazos que exige una licitación, está en disposición de trasladarse a la realidad antes del verano, aunque desde el gobierno rechazan precisar un plazo concreto ni tampoco el número de cámaras que finalmente controlarán la actividad en la zona de Sant Josep Obrer.
El vecindario pide celeridad
La voluntad del gobierno contrasta con la percepción de los vecinos que las cámaras, si es que llegan, lo están haciendo demasiado tarde. Y es que en poco más de dos meses se hará un año desde que el alcalde, Carles Pellicer, anunciara la medida destinada a incrementar la seguridad en esta parte de la ciudad, en mayo del 2016. Precisamente hace algunos días, a finales de febrero, Sant Josep Obrer se convertía en escenario de una pelea entre jóvenes que acababa con un herido leve por arma blanca, que requería la intervención de los Mossos D'Esquadra y se resolvía con uno de los chicos trasladado en el Hospital Sant Joan al ser agredido con una navaja. A principios de marzo, la Guardia Civil practicaba detenciones en la zona a raíz del descubrimiento de una plantación de marihuana.
El presidente de la Asociación de Vecinos de Sant Josep Obrer, Eduardo Navas, explicaba ayer que «aquí todos queremos que eso esté ya en marcha porque nos hará bien a todos y acabará con los problemas de una vez y con la droga» a la vez que pedía que «si los 50.000 euros que hacen falta no se pueden sacar de un presupuesto del 2017, que la inversión se haga a través del presupuesto anterior, pero que sea como sea se haga porque había un compromiso».
El vecindario apremia al consistorio a mover ficha ahora que la autorización de la Comisión de Control de Videovigilancia de Cataluña deja vía libre para la llegada de las cámaras y recuerda que, en la misma línea, han venido trabajando a los propios vecinos a lo largo de los últimos años, para mejorar tanto la imagen como la situación del barrio.