Declaran nulo el despido de una trabajadora de RELLSA delegada de la CGT

El despido de Dolors Aguas de la empresa municipal Reus Esport y Ocio (RELLSA) del 30 de diciembre de 2015 ha sido declarado nulo por el Juzgado de lo Social número 1 de Reus. La sentencia ha resuelto así la demanda interpuesta por la trabajadora, delegada de CGT, contra RELLSA, que además comporta su inmediata readmisión.

Aguas era trabajadora de la empresa municipal desde el 2001, y era la Directora de Programas y Actividades. Según la misma CGT, «desde el 2011 se fueron reduciendo sus condiciones laborales y sus funciones sin motivo aparente, llegando a vaciarle de contenido su trabajo y siendo objeto de mucha vigilancia para justificar algún tipo de despido». Dolors Aguas fue despedida por «transgredir la buena fe contractual y abandonar injustificadamente su puesto de trabajo». En contra de estos motivos, y creyendo éste como un despido injustificado, Aguas demandó a la empresa municipal por vulneración de los derechos fundamentales el 9 de febrero de 2016.

Según asegura el sindicato CGT, Dolors Aguas fue despedida, precisamente, por su papel como delegada sindical. «Estaba haciendo una labor encomiable en defensa del derecho laboral de la plantilla de RELLSA, hecho que le ha costado, en primera instancia, el despido injustificado», afirman. Aguas inició reivindicaciones como el derecho a la información de todos los aspectos relacionados con las condiciones laborales, el cumplimiento de las jornadas y horarios, y la salud en la empresa, entre otras. Según informa el sindicato, se han interpuesto sucesivas denuncias porque la empresa no respondió favorablemente a las peticiones. Una de las denuncias, realizada en el 2016 y en concepto de acoso laboral ante Inspección de Trabajo, se resolvió favorablemente y supuso una sanción de 6.251 euros a la empresa por falta muy grave.

La CGT informa de que el consistorio «contrató a un investigador privado para intentar justificar que Dolors Aguas no realizaba su trabajo de manera correcta, con un coste de más de 4.000 euros». Según éstos, también se encargó la vigilancia de la utilización de los recursos informáticos corporativos a un trabajador del consistorio durante gran parte de su jornada laboral. Desde el sindicato se piden responsabilidades políticas a las personas del consistorio «que tenían conocimiento de todos los hechos», y exigen que no se repita ninguna situación similar.