El Defensor del Pueblo actúa de oficio y Vilella comparecerá por el corte de luz

El Defensor del Pueblo ha iniciado una actuación de oficio por el caso de la mujer de 81 años que, el pasado mes de noviembre, murió en un incendio en su casa, en la calle de Santa Anna, provocado por una vela con que se iluminaba después de que Gas Natural la dejara sin luz. El órgano interviene en el marco de un puñado de «actuaciones significativas», que lleva a cabo repartidas en diferentes puntos del Estado y dentro del ámbito del suministro eléctrico, el cual considera «esencial para una vida digna y condición necesaria para el ejercicio de otros derechos fundamentales». Fuentes del Defensor del Pueblo, que desde el año 2012 es una mujer y se llama Soledad Becerril, confirman que la investigación relacionada con Reus se encuentra todavía «en trámite» y que no ha previsto un plazo para su conclusión.

Esta se suma a la que emprendió, igualmente de oficio y entre otros, el Síndico de Agravios de Cataluña, quien lamentaba esta semana ante el Parlamento el hecho que el órgano estatal hubiera abierto una propia «porque sumando seríamos más potentes». «No es muy efectivo que nosotros nos enteremos de que hay una actuación de oficio abierta a través de la memoria anual de la defensora del pueblo», explicaba Rafel Ribó, que decía que se habría ganado «eficacia, ahorro, e incidencia» si «eso lo pudiéramos hacer, tal como dicen las leyes españolas, de forma conveniada y coordinada. Pero tenemos dos actuaciones de oficio abiertas» y «estamos pendientes todavía como resolverlo y los aseguro que pronto tendrán su resolución».

Un 15% de los recursos

Ribó recordaba que el gobierno catalán está utilizando actualmente sólo el 15% de los recursos que se destinan a combatir la pobreza energética. El Síndico de Agravios reiteraba el dato, durante la última intervención en el Parlamento, la semana pasada y a preguntas del diputado del PP Sergio Santamaría, y apuntaba que todo «pasará por la implicación y la coordinación necesaria de la Generalitat, de los servicios sociales del ayuntamiento y de las empresas suministradoras. «Yo creo que más allá de la imputación de culpas, porque nada aporta y en definitiva la única cosa que hace es sobre todo sesgar el problema fundamental, se tratará precisamente de hacer todo el posible para que estos hechos, como digo, no se produzcan».

El papel del Ayuntamiento

A principios de marzo, la CUP y Cataluña Sí que se puede solicitaban la comparecencia de la concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Reus, Montserrat Vilella, en la Comisión de Empresa y Conocimiento del mismo Parlamento, «para que informe sobre los incidentes ocurridos en Reus por un corte de suministro eléctrico», tal como detalla el texto del expediente. La solicitud, que se abrió el 15 de febrero, fue admitida a trámite dos semanas después y, nada más este jueves, recibía luz verde de la misma comisión, aprobada como el punto décimo del orden del día en sesión ordinaria.

Por lo tanto, la concejala reusense se explicará de nuevo, esta vez en el Parlamento, tal como lo hizo anteriormente el conseller delegado de Gas Natural, Rafael Villaseca, a pesar de haberse expresado ya sobre los hechos en reiteradas ocasiones para detallar que la empresa suministradora nunca llegó a comunicar al Ayuntamiento que cortaría el suministro de luz al hogar de la mujer en la calle de Santa Anna. La comparecencia todavía no tiene fecha, pendiente de que esta sea fijada y entre a un nuevo orden del día de la Comisión de Empresa.

A la misma Comisión, el conseller delegado de Gas Natural, que se refería reiteradamente a la mujer muerta como «la cliente de Reus» y detallaba que el corte de luz lo había ejecutado la compañía que representa «dos meses antes» del incendio y «por falta de pago», calificaba de «especialmente doloroso, para la familia y también para el conjunto de la sociedad, que una desgracia como esta tenga lugar en un país como el nuestro que con su capacidad y medios no tendría que permitir este tipo de tragedias». Villaseca mantenía que «nuestra empresa comercializadora colaboraba con el Ayuntamiento de Reus desde el año 2014, de forma que este comunicaba a la empresa los casos de los clientes vulnerables, con objeto de evitar la acción de corte» y decía que «a estos efectos, el año 2016, la empresa había recibido la comunicación de 134 casos de clientes vulnerables a Reus, 134, y en todos los casos el corte» fue «suspendido».