Villaseca defiende que Gas Natural Fenosa «tiene que formar parte de la solución» de la pobreza energética

Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural Fenosa (GNF), ha hecho referencia a la «sensibilidad» y el esfuerzo que hace la compañía para luchar contra los efectos de la pobreza energética en el transcurso de su intervención ante los medios de comunicación momentos antes de empezar la junta general de accionistas ordinaria de la gasista. Villaseca ha afirmado que GNF siempre ha tenido «una gran sensibilidad en relación con la pobreza energética» y ha defendido que la compañía «tiene que formar parte de la solución si bien no somos 'la' solución «en singular». El consejero delegado ha calificado como un hecho «no aceptable» la muerte de una vecina de Reus de 81 años que murió el 14 de noviembre pasado por el incendio de su vivienda después de estar dos meses sin luz por el corte del suministro de GNF. La gasista tiene identificadas a 21.000 clientes en el Estado como personas vulnerables.

El consejero delegado ha asegurado que en una sociedad tan desarrollada como el actual «no es aceptable» que pueda suceder un hecho como lo que supuso la muerte de una vecina de 81 años en la localidad de Reus por el incendio de su vivienda después de estar sin suministro de energía eléctrica por el corte decidido por GNF por impago.

Villaseca ha asegurado que en este momentos la compañía ha firmado 19 convenios con las administraciones públicas y más de mil acuerdos operativos con municipios españoles para hacer frente al problema de la pobreza energética.

Fruto de estos cords y convenios, la compañía tiene identificadas 21.000 personas vulnerables correspondientes a 1.394 localidades del Estado.

Villaseca ha explicado que desde comienzo de año, GNG ha lanzado un plan estatal orientado a personas vulnerables dotado con 4,5 millones de euros con una vigésima de medidas dirigidas a intensificar las acciones que ya venía realizando en un plan anterior.

El conseller delegado ha «instado» a las diferentes administraciones públicas a que acabe «con la actual situación de confusión e inseguridad jurídica». El directivo ha reflexionado que ante el reto que supone poner en marcha una legislación que no tiene precedentes en ningún país europeo hace falta que estas nuevas medidas se aprueben ya y se tenga en cuenta que su aplicación tiene un impacto directo en «millones de operaciones» en el estado español.