Abrir la Agència Tributària Catalana en Reus costará 313.000 euros

La Generalitat ha adjudicado, por un importe de 312.980 euros –IVA incluido– y con fecha del 27 de abril, las obras de remodelación para convertir los bajos del número 14 del paseo Prim en la sede, en Reus, de la Agència Tributària Catalana (ATC). Infraestructuras.cat deja el contrato en manos de la empresa local Garcia Riera S.L., establecida en Vila-seca y que presentó la oferta más ventajosa entre las cuatro constructoras al concurso público, y aporta un plazo de dos meses para habilitar este espacio de 400 metros cuadrados.

Economía anunció para el 1 de septiembre la fecha de apertura de las instalaciones en la capital del Baix Camp –las obras tendrían que concluir hacia finales de julio–, en medio del desconcierto de los actuales trabajadores de la Oficina Liquidatoria, que en pasado febrero hacían manifiesta la «incertidumbre» por su futuro. El trasvase de personal «inquieta» a los profesionales de Reus, «divididos, según la situación y las circunstancias personales de cada uno» entre los que ven con buenos ojos el paso en la Agència Tributària Catalana y los que preferirán no hacerlo y permanecer en el Registro de la Propiedad número 1 con que está relacionada la Oficina Liquidatoria de la ciudad.

Especialmente para estos últimos trabajadores, «las condiciones en que se haría el cambio, si podríamos continuar o no y los derechos que mantendríamos y los que perderíamos» son «inciertos». La inseguridad que «realmente se puedan abrir dentro de estos plazos las 14 oficinas de la Hacienda catalana que hay proyectadas» en este momento planeaba también entre el global del colectivo.

Delante de el Defensor del Pueblo

El presidente de Empresaris de Catalunya, Josep Bou, se dirigió hace algunos días al Defensor del Pueblo mediante un escrito donde pide el ente que «ampare» aquellas empresas catalanas que no quieran entregar los datos fiscales en la Agència Tributària Catalana. «Se nos exigirá que demos toda la documentación de la Seguridad Social de nuestros trabajadores. La mayoría de empresarios de Cataluña no lo harán, porque creemos en la legalidad. No podemos asistir de brazos cruzados y dejar que la Generalitat nos imponga una cosa o nos sancione para no entregar la documentación», apuntaba Bou, que se mostraba «muy tranquilo» a pesar de admitir «cierto temor».