El Consejo Comarcal hará públicas todas las retribuciones de sus miembros

Los miembros del Consell Comarcal del Baix Camp tendrán que hacer públicas, a partir de ahora, las retribuciones que ingresan tanto a través de este mismo ente como por su participación en otras administraciones o empresas públicas. El organismo acordó, en el último pleno celebrado el pasado 26 de abril, esta medida que llega pocos meses después de que estallaran casos como los de la alcaldesa de Riudoms, Anna Aragonès, o la concejala del PDeCAT de Cambrils Mercè Dalmau, que cobraron los sueldos íntegros de sus consistorios a la vez que también percibían un cierto porcentaje por la actividad en el Consell Comarcal.

Una cuestión, esta, que la ley considera irregular y que se destapó a raíz de una pregunta formulada la CUP durante la sesión de diciembre del 2016. El acuerdo por la publicación de todas las retribuciones nace ahora de una moción presentada por Ciudadanos y el PP y que se enmarca en la aprobación, por unanimidad, del nuevo modelo de Declaración de bienes y actividades y posibles causas de incompatibilidad de sus miembros electos, el cual también vio luz verde –igualmente por unanimidad– en este último pleno y se materializará siguiendo las líneas que marca la ley 19/2014.

Acumulación de dedicación

En diciembre del 2016 la CUP había cuestionado, sobre Dalmau, que la dedicación parcial del 12% como portavoz del PDeCAT al Consell Comarcal y la dedicación exclusiva del 100% como primera teniente de alcalde al Ayuntamiento de Cambrils se pudiera realizar de forma normal y bajo qué parámetros legales» ya que suponía «una acumulación de dedicación que representa un 112%». Fue a partir de entonces que, como explicó ella misma en una comparecencia posterior ante los medios de comunicación, Dalmau se dio cuenta de la irregularidad e inició los trámites para pasar a cobrar del Consell Comarcal por asistencias.

Anualmente y a partir del verano del 2015, Mercè Dalmau percibió cerca de 9.000 euros que no le correspondían y que se prestó a retornar. Con respecto a Aragonès, la cantidad superaría los 20.000 euros brutos. Ambas aludían a «un malentendido» en la situación. La aprobación, por parte de los miembros del Consell Comarcal del Baix Camp, de esta medida se enmarca en la voluntad de mejorar la transparencia en las cuentas en el seno del ente supracomarcal.