El CatSalut inicia el proceso para crear el consorcio que gestione el Sant Joan

El CatSalut ha pedido al Ayuntamiento de Reus información detallada y vinculada a las instalaciones de qué dispone el Hospital Sant Joan, la maquinaria que el equipamiento acoge, una relación de los puestos de trabajo y resultados económicos de los últimos ejercicios, entre documentación diversa, como paso inicial para la configuración de la entidad «pública y mixta» que asumirá la gestión del centro sanitario reusense a partir del 1 enero del 2018.

Ambas partes han mantenido ya, tal como confirman fuentes del Grup Salut, las primeras de una serie de «reuniones técnicas» que se seguirán celebrando de manera periódica con el objetivo de obtener una radiografía precisa de la situación actual del Sant Joan y de escribir la letra pequeña de la nueva titularidad. Y trabajan desde hace algunas semanas para trasladar a la realidad la voluntad que anunciaba el consejero de Salud, Toni Comín, este 18 de abril: crear un consorcio participado al 55% por la Generalitat y el 45% por el Ayuntamiento –hasta ahora gestor único– que tiene que hacerse cargo de «el concierto, los trabajadores y el alquiler» del Hospital.

«Pasos previstos»

Fuentes del Consejo de Administración del Sant Joan concretan que todo se encuentra actualmente «en una fase todavía muy embrionaria» y apuntan que «ahora mismo, no hay ningún escrito donde quede reflejado todo este proceso» llamado a culminar en el control compartido con el CatSalut, más allá del «compromiso verbal del consejero Comín». Desde el Departament de Salut de la Generalitat rehusaban ayer pronunciarse sobre la creación del consorcio y se limitaban a explicar que «en los próximos meses se irán dando los pasos previstos» aunque «no se darán detalles de cada procedimiento administrativo».

De la información que facilite el mismo consistorio a la Generalitat y de estas reuniones entre representantes de ambas instituciones, los cuales se producen en Barcelona y corresponden a la «comisión» que adelantó al alcalde Pellicer para «dar salida a la situación económica», está la previsión que salgan las «propuestas» en que se basará la futura entidad pública y mixta que coja las riendas del Sant Joan.

El cambio en el modelo viene motivado por el déficit de 8,4 millones de euros –o 4, si se tiene en cuenta la cantidad desviada de Gecohsa el verano pasado– con que el centro reusense cerraba el ejercicio 2016. Al momento de hacer pública la intención de crear este consorcio, en una comparecencia en la sala de prensa del mismo equipamiento, Comín explicaba que lo que implementará «es el modelo más habitual en el país» y que mantendrá la capital del Baix Camp como «una de las cabeceras» de la red asistencial. El consejero enviaba un mensaje de calma a los trabajadores y prometía que «el cambio, para ellos, será bueno. Lo que no puede ser bueno es desarrollar su tarea sabiendo que el Hospital tiene 8,4 millones de déficit y pensando qué se hará».

La causa de disolución

De la causa de disolución que pesa sobre el Sant Joan a raíz de la situación económica, con todo, se hará cargo el Ayuntamiento. El pleno aprobó, el pasado 12 de mayo, el planteamiento del gobierno municipal que prevé una reducción del capital social de la empresa, con lo cual «se resolverá la situación de desequilibrio patrimonial que se puso de manifiesto con la formulación de las cuentas anuales de la sociedad en el consejo de administración del pasado 27 de marzo», apuntaban fuentes municipales en un comunicado de prensa. El mismo escrito concretaba que «se eliminará así la causa de disolución, dado que la cifra de patrimonio limpio de la sociedad municipal es inferior a la mitad de su capital social».

Resultados de la auditoría

Los propios trabajadores del Hospital Sant Joan, a través del Comité de Empresa, hicieron públicos hace pocos días algunos puntos de las conclusiones de la auditoría encargada para enderezar la situación del centro. En un folletín que sirvió como convocatoria para la manifestación celebrada el 29 de mayo y que reunía cerca de 600 personas, los profesionales denunciaban la intención de la dirección del Hospital de cerrar 41 camas, eliminar hasta 16 lugares de trabajo, cerrar un acelerador lineal, reducir presupuesto de drogodependencia, cerrar medicina del deporte, ofrecer la sustitución de prótesis por otras de más baratas o recortar derechos y sueldos.