La CUP insta al Ayuntamiento a recurrir la sentencia del TCU por|para el aval a Shirota

La CUP pide al Ayuntamiento recurrir la sentencia del Tribunal de Cuentas (TCU) que exculpa al exalcalde Lluís Miquel Pérez, y también el resto de concejales investigados, de cualquier responsabilidad contable en la aprobación del aval de 3 millones de euros que, en el 2007, la antigua Innova concedió a la empresa de capital mixto Shirota Functional Foods (SFF). La formación cupaire pedirá, en el Consejo de Administración de Reus Servicios Municipales que tiene que celebrarse hoy mismo, que la propuesta que arregla el Ayuntamiento y que pasa por reclamar únicamente las costas judiciales –en las que tiene que hacer frente al haber quedado exemptos todos los cargos– no se limite sólo a este ámbito.

En una nota enviada a los medios, el consejero Edgar Fernández recordaba ayer que «la CUP se vio obligada a retirarse de este procedimiento, pero fue a razón de una propuesta llevada por la CUP al Consejo de Administración de Innova que el Ayuntamiento se personó, ya que no se entendía que el principal perjudicado por estos hechos quedara al margen».

Por eso, Fernández considera que una vez analizada la sentencia del TCU, «es imprescindible que el Ayuntamiento presente recurso al respecto ya que, a nuestro entender, esta no tiene en cuenta cuestiones centrales sobre la constitución de la empresa, que sí que han sido analizadas por el juzgado de instrucción número 3 de Reus donde también se está instruyendo con respecto a la vertiente penal». La Candidatura de Unidad Popular hace referencia a un informe redactado por el abogado del Ayuntamiento y que constaría en el expediente que se llevará hoy al Consejo de Administración, sobre la viabilidad jurídica de presentar este recurso. Y sostiene que «coincidimos plenamente con los argumentos para motivar la presentación del recurso».

En el mismo expediente, aseguran desde la CUP, también consta un informe del bufete de abogados Roca y Junyent sobre el cual «desconocemos la motivación de su encargo y en qué espacio se ha decidido» y donde «se plantean dudas al respecto del criterio y de la actuación del abogado del Ayuntamiento». La consejera Marta Llorens considera que «el informe del bufete no ha tenido en cuenta toda la información relativa a este caso, sino que simplemente se ha basado en el expediente que consta al Tribunal de Cuentas y donde se obvian determinados aspectos centrales. Por lo tanto, sus conclusiones no son relevantes».

Presupuestos participativos

Por otra parte, la CUP criticó ayer al gobierno municipal por «no cumplir con los acuerdos tomados», en relación en la partida de 750.000 euros que había pactado con el gobierno destinada a las cuentas participativas y que finalmente no figura en las cuentas aprobadas de 2017. «Se aprovecharon de los presupuestos y de nuestro voto», exclamaba la concejala Mariona Quadrada, recordando que los cupaires se abstuvieron en las cuentas de 2016 con el «compromiso» que el gobierno de Pellicer materializara también esta propuesta. La CUP criticó que la Concejalía de Participación «haya dejado pasar demasiado tiempo» para ponerse a trabajar con este asunto.