La CUP denuncia que el consistorio no recurrirá la sentencia de Shirota «por razones políticas»
La agrupación asegura que un informe del abogado del consistorio recomendaba recurrir la sentencia
El TC cierra el juicio por Shirota con la declaración de la exsecretaria de Innova
Después de que el Consell d'Administració de Reus Serveis Municipals (RSM) decidiera, el pasado viernes, acatar la sentencia del Tribunal de Cuentas de Madrid sobre el Caso Shirota, y recorrer sólo las costas judiciales, el grupo municipal de la CUP denuncia que el acuerdo «se basa en una estrategia política de los intereses del gobierno municipal, en lugar de los intereses del Ayuntamiento». La agrupación pidió al Consell de RSM que la opción de recurrir la sentencia del TC de Shirota se pudiera votar, pero finalmente esta votación no tuvo lugar.
La CUP basaba su demanda en un informe de viabilidad del abogado del consistorio, mientras que RSM basaron la decisión de no recurrir la sentencia en el estudio del bufete de abogados Roca y Junyent. Para la CUP, este segundo informe «no contaba con toda la información necesaria y no tenía en cuenta diferentes aspectos del Caso, que sí que contemplaba el informe del propio abogado del Ayuntamiento». El concejal cupaire Edgar Fernández cree que «la decisión tomada en el consejo de administración no se fundamenta en criterios jurídicos», y asegura que el segundo informe «era la justificación que necesitaba el gobierno para legitimar sus intereses partidistas».
La situación también hace salir a la luz la «confianza» del equipo de gobierno con el abogado municipal: «¿Si el Ayuntamiento no tiene confianza con el criterio de su abogado, y hace caso de un externo que no ha participado durante el procedimiento, por qué mantiene a este abogado como su representante?», se pregunta Fernández.
Por todos estos motivos, la CUP asegura que la decisión del Consell d'Administració «prioriza sus intereses políticos por encima de los intereses de la ciudad». La concejala Marta Llorens, finalmente, se pregunta «si esta estrategia ha sido pactada con las fuerzas políticas con las que gobierna y/o con las que están a la oposición, pero son afectadas directas por estos procedimientos judiciales».
