La Defensora del Pueblo lleva a Fiscalía la actitud «entorpecedora» del Ayuntamiento de Reus

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la actitud «entorpecedora» del Ayuntamiento de Reus por haber acumulado hasta 370 días sin responder a una reclamación sobre la retirada de un vehículo de la vía pública que no fue notificada a su propietario. Reus es el único catalán y uno de los 19 ayuntamientos, además del Colegio de Abogados de Guipúzcoa, que el órgano ha denunciado después de haberlos incluido en su listado de «administraciones entorpecedoras». A través de un comunicado de prensa, Becerril lamenta que «detrás de cada queja hay una persona que tiene unos derechos y que tiene que obtener una respuesta». El Defensor del Pueblo considera como «administraciones entorpecedoras» aquellas que «no responden después de haber enviado requerimientos en tres ocasiones».

Y es que todas ellas «tienen la obligación de contestar» y de «colaborar con la institución y remitir la información solicitada». En caso de no hacerlo, el Defensor del Pueblo está en situación de poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, tal como ha hecho ahora Soledat Becerril, ciñéndose al artículo 24 del Capítulo VI de la Ley Orgánica 3/81 que regula la institución. En detalle, el artículo añade que «la persistencia en una actitud hostil o entorpecedora de la labor de investigación del Defensor del Pueblo por parte de cualquier organismo, funcionario, directivo o persona al servicio de la administración pública podrá ser objeto de un informe especial, además de destacarlo en la sección correspondiente del informe anual».

En total, ahora mismo, hay 43 administraciones locales, una autonómica y tres entidades públicas más que no han dado respuesta después de recibir el tercer requerimiento, tal como detalla el Defensor del Pueblo en su listado de administraciones entorpecedoras. Sin embargo, la situación de sólo 20 ha sido trasladada ahora al Ministerio Fiscal. Con respecto a Reus, la cuestión sobre la cual el Ayuntamiento no ha facilitado la información que se le solicitaba está vinculada a la regulación del estacionamiento en la vía pública. La media del tiempo de respuesta de los ayuntamientos de la demarcación de Tarragona en sus peticiones es, según estadísticas del Defensor del Pueblo, de 64,10 días para este 2017, una sexta parte de lo que acumula Reus sin contestar. El resto de los ayuntamientos cuya situación la Defensora del Pueblo ha trasladado a la Fiscalía General del Estado son los de Tarifa, Vejer de la Frontera, Mojácar, Barbastro, Cudillero, Gozón, Salas, La Hermigua, Noblejas, Talavera de la Reina, Carboneras de Guadazaón, Matallana de Torío, Arganda del Rey, Colmenar de Oreja, Gilet, Zalamea de la Serena, Gondomar y Porto do Son.