La CUP insiste en prohibir la asistencia sanitaria privada a los hospitales públicos para acabar con las listas de espera

Representantes del grupo en defensa de la Sanidad Pública y de la CUP de Reus han vuelto a reclamar «límites» entre la sanidad pública y la asistencia sanitaria privada de mutuas y otras entidades para acabar con el colapso que acarrean los hospitales públicos, como es el caso del Hospital Sant Joan de Reus. «Las personas que no se puedan pagar una mutua acabarán en masía de un sistema denigrante y que pone en riesgo la vida de las personas», ha acusado a la portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Reus, Marta Llorens. Las cupaires han denunciado públicamente el caso de Josefina Fernández, de Cambrils, que espera que le sustituyan la prótesis húmero desde el verano 2015. La mujer, viuda y con dos hijas al cargo, tiene un brazo sin movilidad y no puede trabajar. Sufre una depresión y otros problemas físicos derivados de su lesión.

La CUP de Reus y el grupo en Defensa de la Sanitat Pública han denunciado el caso de Josefina Fernández, una mujer con un brazo lesionado que hace dos años que espera un cambio de su prótesis de húmero, para poner de manifiesto que los retrasos en las intervenciones quirúrgicas siguen siendo alarmantes en algunos casos. El grupo lamenta que la campaña «No te vayas sin hora» que emprendieron el 2013 siga vigente y que todavía se tengan que denunciar «prácticas que se consideran irregulares» y que haya que vigilar constantemente que no se ponga en riesgo la salud de las personas.

El de Josefina, como otros casos similares, se ha denunciado al CatSalut, al Síndic de Greuges y al Hospital de Reus. La mujer, vecina de Cambrils, de 53 años y con dos hijas a cargo, hace dos años que tiene que subsistir con una pequeña paga de viudedad de poco más de 300 euros, mientras espera que le sustituyan una prótesis de húmero del brazo derecho, hecho que le impide trabajar y valerse para hacer muchas de las rutinas diarias, como vestirse, ducharse o limpiar.

Josefina sufrió una caída, alrededor de San Juan de 2015, en casa de su padre en Andújar, en Jaén. Los problemas empezaron en Andalucía, dónde querían que ella se desplazara por sus propios medios hasta Cataluña para ser operada con el húmero y la clavícula rotos. La operación no se le practicó hasta agosto de 2015. Dos meses después, cuando hacía rehabilitación, Josefina sufrió una nueva caída y se le descolgó la prótesis. Desde entonces espera una segunda operación, que los médicos ya han avisado que es complicada, y sólo ha conseguido que le hagan alguna prueba cuando ha hecho reclamaciones. De hecho, después de la última queja, le concertaron la intervención para el 30 de marzo de este año, pero la acabaron anulando porque los médicos habían tenido que atender una operación de urgencia.

«No puedo hacer una vida normal, necesito ayuda prácticamente para todo y quiero que me operen de una vez, hacer la rehabilitación, y si no puedo recuperar el brazo al 100%, al menos que el dolor se vaya y pueda mover el brazo», ha reclamado, «desesperada», Josefina. Para la regidora de la CUP de Reus, Marta Llorens, el caso de la vecina de Cambrils «es un caso desgraciado y vergonzoso» puesto que no se ha tenido en cuenta que la espera perjudica «la salud íntegra» de la mujer –que también sufre ansiedad y depresión-. «Es un atentado contra su salud y no puede vivir con dignidad», ha lamentado Llorens.

La regidora cupaire ha insistido en reclamar que no se mezcle, en los centros hospitalarios públicos, la asistencia pública y la privada que ofrecen las mutuas, como pasa en el Hospital Sant Joan. «Supone un decalaje entre personas. Si te puedes pagar una mutua tienes un servicio y si no, espera, espera y espera», ha dicho Llorens. La portavoz de la CUP en el Ayuntamiento de Reus no confía que la situación cambie con el nuevo consorcio de gestión del centro hospitalario reusense ni con una red hospitalaria de los centros de la región. «Hasta que no ponemos límite entre la actividad pública y privada, la vida de las personas que no pueden pagar una mutua acabará en un sistema denigrando que la pone en riesgo, y no podemos permitirlo», ha añadido.