El juicio por un coche que la grúa|grulla retiró hace esperar a la Defensora del Pueblo

«A la Defensora del Pueblo se le ha dado respuesta y al particular se le ha contestado cada vez que lo ha dicho» y, por eso, «confundir una actitud entorpecedora del Ayuntamiento sólo puede obedecer a la ignorancia o a la mala fe». Son palabras del concejal de Hacienda, Joaquim Enrech, a preguntas del grupo municipal de Ciutadans en el pleno del pasado 6 de julio y a raíz del movimiento de la Defensora del Pueblo, Soldedad Becerril, que ha trasladado a la Fiscalía General del Estado la actitud «entorpecedora» del Ayuntamiento de Reus –y de 18 más de otras localidades– por haber acumulado hasta 370 días sin responder a una reclamación sobre la retirada de un vehículo de la vía pública.

Enrech detallaba en la sesión que el expediente que ha desembocado en la actuación de Becerril «se remonta a unos hechos que pasaron el año 2012, cuando un ciudadano dejó aparcado un coche en la calle Monestir de Poblet. Pasados ocho meses, una pareja de la Guardia Urbana levantó acta y, mientras lo hacía, se les acercó un mecánico que estaba en frente y les hizo el comentario que, hacía muchos meses, un ciudadano se había dirigido a su taller para decirle que le llevaría el coche a arreglar y no lo había visto más». Tal como concretaba al concejal, «en aquel momento, el coche ya tenía síntomas de abandono como oxidación y abolladuras», así que «se intentó notificar al ciudadano en cuestión que se iniciaba el expediente, propio en estos casos, de retirada de vehículo por abandono. No se le localizó en el domicilio que nos facilitaba Tráfico y se hizo a notificación por edictos».

El expediente salió adelante y, de forma sorprendente, el día 9 de noviembre del 2013 se recibió en la Oficina de Atención al Ciudadano un correo electrónico del propietario interesándose por la situación de su vehículo. Se le informó de que había sido trasladado al depósito municipal de vehículos y que, si lo quería retirar, había una sanción por el hecho de abandonarlo y una tasa correspondiente al pupilaje del coche en el depósito».

Una retahíla de alegaciones

El ciudadano presentó entonces una serie de escritos de alegaciones «a que contestamos todas las veces, porque en ningún momento sus derechos» han sido «vulnerados» y, en medio de todo, «recibimos un escrito de la Defensora del Pueblo, que se le contestó el 5 de mayo del 2015, y otro que no contestamos porque pensábamos que se habría producido un cruce con nuestra respuesta».

«Posteriormente se recibieron dos más que efectivamente no contestamos», añadía Enrech, que precisaba que «en ningún caso ha sido por una actitud entorpecedor». Y es que el ciudadano «había interpuesto una demanda de recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento y el Ayuntamiento, dando cuenta a las obligaciones que tiene, envió copia íntegra del expediente al juzgado». Enrech entiende que «lo único que hubo» fue «una falta de cortesía institucional» y que, de todos modos, esta viene dada porque «en aquel momento se pensó que el ciudadano habría comunicado a la Defensora que había presentado demanda, cosa que no hizo.» El juicio está señalado para el año 2018.