La CUP pide de nuevo la dimisión del gerente de Reus Esport i Lleure

La CUP ha denunciado de manera pública, a través de la concejala Marta Llorens, nuevas supuestas «irregularidades» a la sociedad municipal Reus Esport y Lleure (Rellsa). La formación hace tiempo que reclama la disolución de esta empresa por la «falta de transparencia que reina» y, desde la CUP, ya se interpuso una denuncia a Fiscalía que todavía se encuentra bajo secreto de sumario. Ahora, Llorens cuestiona como se ha gestionado el proceso de petición de cuatro compatibilidades laborales de trabajadores de la empresa que han pedido combinar su tarea con jornadas a otras empresas privadas.

Según la concejala cupaire, se les presentaron las cuatro demandas en un único expediente que no permitía votar por separado cada uno de los casos. Además, Llorens afirma que no se les respondió ninguna de las preguntas que formularon sobre las particularidades de cada demanda de compatibilidad. En este sentido, explica que ni el presidente de la comisión responsable, Joaquim Enrech, ni el concejal de deportes y presidente de Reus Esport i Lleure, Jordi Cervera, supieron o «no «quisieron» solucionar ninguna de las dudas planteados. Llorens también concreta que «al cabo de una hora de formular las preguntas en comisión, el punto de las compatibilidades se retiró del orden del día del pleno de Reus sin dar ningún tipo de explicación».

El gerente de las empresas municipales de Reus aseguró, según Llorens, que desconocía las demandas y que a nadie lo había informado de nada, acto que denota, según la CUP, «falta de profesionalidad del gerente de Rellsa, que es Luís Alberto Rodríguez, así que no informa al máximo gerente». Llorens dice que «el silencio administrativo y los tempos bien jugados por parte del gobierno han hecho que se aprueben las compatibilidades sin serlo a través de un debate público como el del pleno».

Tres años en «situación ilegal»

La Candidatura d'Unitat Popular también denuncia que el gerente de Rellsa «se ha sacudido todas las responsabilidades de encima asegurando que la empresa no era conocedora de ningún protocolo de solicitud de compatibilidad establecido». El hecho sorprende, según Llorens, porque su responsabilidad es «hacerse cargo, entre otras funciones, de todos los aspectos referentes al personal y sus compatibilidades o no al ejercicio privado de la sociedad». Marta Llorens, no se cree que Rodríguez «no conociera la ley 53/1984 donde se prevé que la declaración de compatibilidades corresponde al pleno de la corporación con un previo informe». Para acabar, la CUP denuncia que una de las trabajadoras ha estado «durante más de 3 años en una situación totalmente ilegal».