Unos 20 pisos de la Agencia de Vivienda en la ciudad están ocupados ilegalmente

Hasta 19 pisos de los 377 que gestiona en Reus la Agencia de la Vivienda de Cataluña se encuentran hoy ocupados ilegalmente. La situación bloquea la entrega de una parte del fondo de viviendas sociales a personas que se ajustan a los criterios bajo los cuales estos hogares se adjudican y conduce a la Generalitat, en la mayoría de casos, a poner en marcha procesos de negociación con los ocupas. Algunos acaban siendo reubicados en otros inmuebles mediante la intervención de la Mesa de Emergencia y otros, en los juzgados, donde la Agencia de la Vivienda de Cataluña busca una orden de desahucio que vuelva a incluir el piso ilegalmente ocupado en la rueda. De los 377 pisos en la ciudad, 327 han sido dados en régimen de alquiler y otros 25 se encuentran ahora en «proceso de adjudicarse». Hasta 6 más acogen en su interior «ocupantes para regularizar».

Los datos, aportados por el gobierno a raíz de una pregunta formulada por Ciutadans al Parlamento, detallan que la capital del Baix Camp es el municipio de la demarcación con un porcentaje de pisos de Vivienda ilegalmente ocupados más elevado, justo dos puntos por encima de Tarragona, y que la Generalitat tampoco escapa de una problemática que vuelve a ponerse encima de la mesa a nivel local.

La cuestión de las ocupaciones ilegales se ha puesto de nuevo bajo el foco a raíz del bloque de la calle Joan Coromines, dónde el acceso de varias personas a pisos cerrados y propiedad de una entidad bancaria puso en alerta a los vecinos, que denunciaban que el colectivo se enganchaba al agua y al alumbrado públicos. Tal como publicaba Reusdiari.cat el viernes, operarios de Endesa i d'Aigües de Reus cortaron los suministros a las familias que viven en el número 6, con el apoyo de Guardia Urbana y Mossos D'Esquadra.

Muy cerca, en la calle Eugeni Mata, hace pocas semanas una pareja en similares circunstancias explicaba que «no somos delincuentes, no somos unos muertos de hambre, ni queremos vivir de gorronear. Hemos ocupado por pura necesidad, era el último recurso. Ya nos lo habíamos planteado antes, pero intentábamos seguir viviendo como todo el mundo: pagando un alquiler y nuestras necesidades, de la forma más correcta posible». «En el mes, entran, como máximo, 600 euros y nuestro alquiler era de 400. Nos quedaban unos 200 euros. Con eso teníamos que pagar la luz, el agua, pañales...», relataba ella.

La Mesa de Emergencia

Un total de 13 familias en situación de elevado riesgo de exclusión social pudieron acceder a un piso a principios de este 2017. La Mesa de Emergencia de la Agencia de la Vivienda había reducido hasta 6 el parque de viviendas para personas con esta situación, respecto de los 19 que figuraban el pasado diciembre de 2016. El resultado se produce una vez la Mesa valora las solicitudes y, en caso de ser favorable, busca una vivienda en el municipio. Así, a medida que se va disponiendo de pisos, se van adjudicando a las familias que han acudido a la Mesa. Se trata de viviendas que compra u obtiene a la Generalitat mediante las cesiones de bancos.

La Agencia de la Vivienda trabaja también con casos detectados en el barrio Gaudí, donde meses atrás llevaba a cabo «la valoración de la situación de las familias que ocupan y las viviendas para evaluar la vulnerabilidad y la necesidad de actuación». La situación tendrá que suponer la regularización de los ocupantes de estos pisos, aproximadamente una veintena, con la fijación de un alquiler social.

Más de 2.050 ayudas al alquiler

En términos locales, La Oficina de Vivienda del Ayuntamiento gestiona este año subvenciones valoradas en más de 3.177.000 euros en ayudas al alquiler. El dato supone un incremento superior al 36% con respecto al 2016, consecuencia de la tramitación de unas 2.050 ayudas.