El Defensor del Pueblo se disculpa con el Ayuntamiento y cierra el expediente por el coche retirado
El síndico estatal, que había denunciado el consistorio en la Fiscalía General por «entorpecer» en una reclamación, lamenta un «error de coordinación en los trámites»
El Defensor del Pueblo ha enviado una carta al Ayuntamiento donde «acepta las disculpas» de la corporación municipal y «las presenta también», a raíz del expediente por la retirada de un vehículo de la vía pública por el cual el síndico estatal trasladó a la Fiscalía General del Estado el «actitud entorpecedora» del consistorio. En el documento, el Defensor del Pueblo apunta «haber recibido un escrito del Ayuntamiento» de Reus en relación a la misma queja y admite la explicación de este «por no haberse comunicado que la ampliación de la información solicitada, y requerida en tres ocasiones, se había remitido al juzgado» que estudiaba un recurso contencioso-administrativo del interesado ante su reclamación.
La institución lamenta igualmente en la carta que, cuando la persona que formuló la queja por la retirada del vehículo de la calle informó de que había presentado este recurso al juzgado, «las actuaciones se tendrían que haber dado por finalizadas y eso no se hizo, según se ha podido dirimir, por un error en la coordinación de los trámites del expediente de queja». Por todo ello, y tal como detalla en la misiva, el Defensor del Pueblo –que actualmente es Defensora, Soledad Becerril- «da por finalizado», ahora sí, el expediente en cuestión.
Una queja que viene del año 2012
Los hechos se remontan en el 2012 cuando, según explicaba al concejal de Hacienda, Joaquim Enrech, en el pleno del pasado 6 de julio, «un ciudadano dejó aparcado un coche en la calle Monestir de Poblet. Pasados ocho meses, una pareja de la Guardia Urbana levantó acta y, mientras lo hacía, se les acercó un mecánico que estaba en frente y se los hizo el comentario que, hacía muchos meses, un ciudadano se había dirigido a su taller para decirle que le llevaría el coche a arreglar y no lo había visto más». Tal como concretaba al concejal, «en aquel momento, el coche ya tenía síntomas de abandono como oxidación y abolladuras», así que «se intentó notificar al ciudadano en cuestión que se iniciaba el expediente, propio en estos casos, de retirada de vehículo por abandono. No se lo localizó en el domicilio que nos facilitaba Tráfico y se hizo la notificación por edictos».
El expediente salió adelante y, de forma sorprendente, el día 9 de noviembre del 2013 se recibió en la Oficina de Atención al Ciudadano un correo electrónico del propietario interesándose por la situación de su vehículo. Se lo informó de que había sido trasladado al depósito municipal de vehículos y que, si lo quería retirar, había una sanción por el hecho de abandonarlo y una tasa correspondiente al pupilaje del coche en el depósito».
El ciudadano presentó entonces una serie de escritos de alegaciones «a que contestamos todas las veces, porque en ningún momento sus derechos han sido «vulnerados» y, en medio de todo, «recibimos un escrito de la Defensora del Pueblo, que se le contestó el 5 de mayo del 2015, y uno siguiente que no contestamos porque pensábamos que se habría producido un cruce con nuestra respuesta».
«Posteriormente se recibieron dos más que efectivamente no contestamos», añadía Enrech, que precisaba que «en ningún caso ha sido por una actitud entorpecedora». Y es que el ciudadano «había interpuesto una demanda de recurso contencioso administrativo contra el Ayuntamiento y el Ayuntamiento, dando cuenta a las obligaciones que tiene, envió copia íntegra del expediente al juzgado». El juicio está señalado para el año 2018.