El Ayuntamiento no hará concesiones a los ocupas de Joan Coromines porque no están empadronados en Reus
El consistorio asegura que no reúnen las «condiciones legales» para que se les reconozca la «vulnerabilidad sobrevenida»
El Ayuntamiento de Reus se muestra firme con respecto a su negativa a hacer concesiones a las familias que ocupan los pisos de la calle Joan Coromines. Según ha sentenciado el consistorio a través de un comunicado, «el Gobierno de Reus no hará ninguna concesión en un caso claro de ocupación ilegal, que poco tiene que ver con la situación social de los ocupantes».
Según detallan, los servicios sociales municipales han atendido a representantes de los ocupantes de las viviendas y han informado de que no reúnen las «condiciones legales» para que se les reconozca la «vulnerabilidad sobrevenida» que prevé la Ley 24/2016, de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Además, las familias tampoco están empadronadas en Reus, de manera que el consistorio recuerda que únicamente puede hacer informes de vulnerabilidad a las personas empadronadas en la ciudad y que cumplan con los requisitos previstos. Según asegura el Ayuntamiento, «los ocupantes ilegales de las viviendas de la calle de Joan Coromines tendrían que solicitar el informe al ayuntamiento del municipio donde están empadronados, que no es Reus».
Por último, el Ayuntamiento ha querido dar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía asegurando que vela para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan cubiertas sus necesidades básicas, pero advierte que no permitiré que «alguien se aproveche de la situación».
Por otra parte, la CUP ha hecho una rueda de prensa este jueves presentándose como mediador del conflicto. Los cupaires cargan contra Serveis Socials para no intervenir, y aseguran que el BBVA, titular de los bloques -en trámite para adquirir la posesión-, tiene buena voluntad y estaría predispuesto a reubicar a las familias ocupas. Sin embargo, la entidad bancaria asegura que queda sujeto siempre al informe de vulnerabilidad de Servicios Sociales.
Por su parte, el portavoz cupaire Èdgar Fernández, que ha aprovechado para cargar contra el Ayuntamiento porque, en su opinión, no se ha preocupado por la cuestión, ha anunciado encuentros «a tres bandas» -familias, entidades financieras y la CUP, sin incluir Serveis Socials- a partir de la próxima semana, si bien, según Fernández, una vez se haya encaminado el tema, la CUP se quedará en un segundo plano. Con respecto a este papel de mediador que ha anunciado la CUP, el consistorio ha acusado la formación de «deslealtad institucional», ya que «ni ha sido informado ni ha tenido ningún conocimiento de ello».