Temor y sensación de amenaza entre los vecinos por los ocupas de Joan Coromines

Vecinos del entorno de la calle Joan Coromines, donde 17 familias ocupan ilegalmente viviendas de los números 4 y 6 desde hace semanas, denuncian la «inseguridad» y la «sensación de amenaza» que la situación de los edificios ha generado en la zona, custodiada 24 horas y de manera «indefinida» por una patrulla de la Guardia Urbana mientras los operarios de Endesa van y vienen para deshacer las conexiones irregulares con que estos ocupas se enganchan a cuadros de contadores y centros de transformación. A pesar de la localización próxima al centro, Joan Coromines no es el único punto de Horts de Miró afectado por las ocupaciones. El vecindario ubica otros pisos, igualmente gestionados por «mafias que los revientan y los alquilan en la calle de Vila-seca o en la de la Pobla de Mafumet. También junto a Cels Gomis i Mestres.

Con todo, dicen, la acción de las 17 familias «inquieta a los que tienen negocios aquí y genera problemas de convivencia. A nadie le gusta vivir así». Y es por eso que lamentan que «el Ayuntamiento se haya desentendido de este problema y se lave las manos simplemente diciendo que no se trata de personas con un perfil de necesidad», ya que «eso se ha convertido en un tema de ciudad y la ciudad no lo soluciona». Las viviendas ilegalmente ocupadas «forman parte de un paquete de la Generalitat que tendría que ponerse a disposición de personas necesitadas y eso no se puede hacer porque hay gente viviendo dentro sin haber pasado ni ningún trámite ni tampoco ningún filtro», aseguran.

La promoción en cuestión es propiedad de una entidad bancaria la cual tenía previsto dar parte de su parque global al fondo de la Generalitat a medio plazo. Al menos en uno de los pisos todavía permanecen personas que están legalmente y que, tal como confirman fuentes de Endesa, disponen de un contador regular y abonan puntualmente las facturas. «Están atemorizados y no sabemos cómo es que todavía no se han tenido que marchar, aunque hay gente en el barrio que dice que piensa hacerlo», mantienen los vecinos. Según los más recientes datos hechos públicos por la Agència de l'Habitatge de Catalunya, en Reus hay un total de 19 pisos destinados a alquiler social que no se pueden entregar porque en su interior se encuentran ocupas.

Con «las manos atadas»

Al frente de la Associació de Veïns d'Horts de Miró, la presidenta Eva Maria Mateu explica que «todo lo que antes era pequeña delincuencia quizás vinculada a otros temas se ha pasado ahora a los pisos vacíos» y apunta, sobre el caso concreto de Joan Coromines, que «a nadie le gusta tener constantemente aquí a la policía. De las cafeterías de los alrededores nos han explicado que tienen miedo, que temen que nadie quiera ya sentarse en las terrazas».

De cualquier forma, añade Mateu, «nos encontramos con las manos atadas porque el Ayuntamiento nos está dando la espalda». El recurso que les ha quedado, explica, es el de hacer una denuncia pública como la que tenía lugar el miércoles en la plaza que toca en al Carreró del Gas y la avenida del presidente Macià, durante la cual algunas de las personas que han ocupado las 17 viviendas increparon a los vecinos, a quien acusaban de «mentirosos» y los invitaban a «no explicar nada más».

Acciones de protesta

La Coordinadora d'Entitats en defensa del Territori, con Josep Machado como presidente y que reúne parte de las asociaciones de vecinos de la ciudad que han abandonado la FAVR entre otros, se ha sumado a la denuncia vecinal, a la cual «estamos dando apoyo» porque «no entendemos tampoco la postura del Ayuntamiento, cuando dice que no actúa porque se trata de pisos privados. Todos los pisos son privados, siempre son de alguien. Lo que queremos es que mire qué familias necesitan una vivienda y que aporte alguna solución a fin de que eso se acabe». Machado no descarta que el colectivo «pueda llevar a cabo algún tipo de acción de protesta» si la situación no vive un giro contundente a lo largo de los próximos días.

Reengancharse a la luz

Fuentes de Endesa consultadas por Diari Més confirmaban este martes que los ocupas habían vuelto a conectarse al suministro eléctrico y que, a su vez, operarios de la compañía habían ido a los bloques 4 y 6 para volver a desenchufarlos. Las mismas fuentes concretaban que «nos habían reventado la puerta de un centro de transformación que tienen justo en frente y habían realizado operaciones para poder conectarse directamente desde este centro, cosa que es muy peligrosa por la manipulación que eso supone y para hacerla como se hace, probablemente, sin las medidas adecuadas». Los vecinos confirmaban el miércoles que los pisos ocupados volvían a tener electricidad.

«Pagué 250 euros para poder entrar en un piso cuando no tenía donde ir»

Una de las vecinas del barrio Horts de Miró apuntaba la proliferación de viviendas en similares condiciones en torno a la calle Joan Coromines y la acción de mafias que los gestionan, con un relato en primera persona. «Cuando no tenía dónde ir, yo también pagué para que me abrieran un piso en otra calle y lo ocupé», explicaba. La cifra, 250 euros. «Se dice el pecado pero no el pecador», añadía sobre la manera como una persona puede ponerse en contacto con estos grupos que ofrecen viviendas vacías.

La misma vecina expresaba la queja por el hecho de que «a veces, los sistemas que hay para acceder a un piso de alquiler social o de condiciones asequibles, no funcionan» y decía que «los requisitos que tienes que cumplir no son tan diferentes de los que plantea una inmobiliaria, así que no es fácil cumplirlos y te ves de una manera que no te deja demasiadas opciones». «Si eso mejorara, quizás también ayudaría a hacer desaparecer a las mafias», concluía.