El gobierno no ve vulnerabilidad social a los ocupas y el BBVA no los expulsará

El BBVA «no «actuará», como mínimo de manera inminente, contra las personas que han ocupado ilegalmente 17 pisos en los números 4 y 6 de la calle Joan Coromines de Reus. Tampoco solicitará, «ni ha solicitado nunca», el corte de los suministros de electricidad y de agua. Tal como apuntan fuentes de la entidad bancaria, pendiente todavía de tomar posesión de los dos bloques a raíz de la quiebra de la promotora que los levantó en Horts de Miró, ésta esperará a «verificar si las familias se encuentran en situación de vulnerabilidad o no» antes de realizar ningún movimiento más allá. Para tener la certeza, el banco pedirá a los ocupas que aporten los pertinentes informes, redactados por Servicios Sociales, que puedan precisar las circunstancias y las posibilidades de cada caso particular. Y proporcionará, mediante una agencia externa, al personal que asesore a las familias en los trámites.

En este sentido, con todo, el gobierno de Reus emitió el jueves un comunicado donde detallaba que «Servicios Sociales municipales han atendido a representantes de los ocupantes ilegales» de los inmuebles. El mismo comunicado precisaba que estos contactos concluyen que las familias ocupas «no reúnen las condiciones legales para que se les reconozca la vulnerabilidad sobrevenida que prevé la Ley 24/2016». El ejecutivo municipal mantiene que «el Ayuntamiento sólo puede hacer informes de vulnerabilidad a la ciudadanía empadronada a la ciudad y que cumpla los requisitos previstos», y añade que «los ocupantes ilegales de las viviendas de la calle Joan Coromines tendrían que solicitarlo al municipio donde están empadronados, que en ningún caso es Reus». Desde el BBVA, por otra parte, explican que la acción del Ayuntamiento no es una condición imprescindible para obtener los informes y que las familias podrán acceder directamente a través de la Generalitat. Es en esta dirección que se orientará el asesoramiento de la agencia externa del BBVA.

Un alquiler asequible

Poco antes de que el Ayuntamiento posicionara en la primera manifestación pública realizada desde que trascendieran las ocupaciones, concejales del Grupo Municipal de la CUP habían comparecido ante los medios para anunciar un acuerdo con el BBVA y los ocupas, propiciado por la misma formación y «con el esfuerzo de sólo tres llamadas que el gobierno no ha hecho», mediante el cual entidad bancaria y familias se sentarían a partir de la próxima semana para tratar el detalle individual de las circunstancias sin que éstas fueran desalojadas ahora. En una especie de «mediación», tal como explicaba el concejal Edgar Fernández, para llegar a un alquiler asequible: es decir, establecido sobre los ingresos de la familia, y que no sea fijo. La solución, una muy similar a la que también plantea el banco, derivar a las familias en situación de vulnerabilidad a la Generalitat para encontrar una reubicación teniendo en cuenta, sobre las que no son vulnerables, «que nadie puede ocupar la propiedad de otro».

En el mismo comunicado, el gobierno acusaba a la CUP de «deslealtad institucional» y avisaba de que «no aceptará una supuesta mediación de la cual ni ha sido informado ni ha tenido ningún conocimiento». Y mantenía «no tener conocimiento oficial que la entidad bancaria a la cual se ha referido la CUP sea la propietaria de las viviendas ocupadas». El gobierno aprovechaba para emitir un «mensaje de tranquilidad a la ciudadanía» y avisaba que el Ayuntamiento «vela para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan cubiertas sus necesidades básicas; pero no puede permitir que alguien –que incumple los requisitos mínimos exigibles por la ley– se aproveche de la situación, porque iría en contra de los intereses del conjunto de la ciudadanía y perjudicaría a las personas que realmente lo necesitan».

Reubicar y desalojar

Sobre las familias que finalmente no acrediten la vulnerabilidad social o que no realicen los trámites para hacerlo, explican desde el BBVA «actuará un juez delante del cual tendrán una última posibilidad de hacerlo, y el juez decidirá». Las que puedan ser reubicadas, se acogerán a pisos de la Agència de l'Habitatge de Catalunya destinados a esta finalidad. El realojamiento no tiene por qué ser en Reus, ni tampoco en el municipio de origen de estas personas. El BBVA acaba de dar a la Generalitat 1.800 viviendas.

Mientras, las familias en las 17 viviendas ocupadas de manera ilegal siguen reenganchándose al suministro eléctrico a través de una serie de maniobras que Endesa califica como peligrosas y retira prácticamente cada día. El jueves, una patrulla de la Guardia Urbana continuaba destinada 24 horas en la calle Joan Coromines, donde permanecerá «indefinidamente».

«Queremos llevarlo todo de forma pacífica y que los vecinos no se molesten»

Una de las personas que han ocupado pisos en los bloques de Joan Coromines explicaba el jueves, al final de la comparecencia de la CUP ante los medios para explicar la nueva vía abierta entre ocupas y banco, que «nosotros no queremos que los vecinos se molesten. Lo queremos llevar todo de una manera pacífica». Lo hacía después de que la Associació de Veïns d'Horts de Miró, de la mano de la Coordinadora d'Entitats en defensa del Territori, manifestara estos días el «miedo» y la «sensación de inseguridad» que la situación de las 17 viviendas generaba en el barrio. Y también las incomodidades de la presencia policial continuada en la zona.

El hombre, que mantenía que la ocupación es fruto de «la necesidad, porque si no estaríamos aquí», reiteraba que «tendremos que estar hasta que haya una solución» y reprochaba a los vecinos que «nos habéis visto por aquí estos días y no nos habéis dicho nada nunca, pero sí que habéis salido a la prensa diciendo que no descartabais alguna protesta». Los mismos vecinos se mostraban el jueves abiertos al diálogo a pesar de la postura de regularizar la situación de las viviendas en los números 4 y 6.