Prat recurre la sentencia que lo obliga a pagar 900 mil euros al Ayuntamiento

El exdirector general de Innova Josep Prat presentará esta misma semana un recurso de apelación delante de la Sala del Tribunal de Cuentas (TCU) para evitarse reintegrar un total de 900.120,82 euros más intereses en el Ayuntamiento de Reus. Es la condena que tendría que afrontar a raíz de una resolución de la consellera del mismo órgano con fecha del pasado 14 de julio y que considera Prat responsable de pagos irregulares efectuados con dinero público a Carles Manté, exdirector del CatSalut y administrador único de la consultora CCM Estrategias y Salud LSC, y al arquitecto Jorge Batesteza. Los pagos se encuentran vinculados a tareas de asesoramiento durante la construcción del nuevo edificio del Hospital Sant Joan de Reus y relacionados con facturas con que el TCU, en la sentencia dictada por Margarita Mariscal de Gante, ha interpretado como no justificadas.

La base de la apelación es, tal como ha podido saber el Diari Més, que los trabajos de Manté y Batesteza correspondientes a estas facturas «se realizaron efectivamente» y que «en ningún momento ha habido perjuicio para el Ayuntamiento porque este nunca aportó fondos, sino que las cantidades venían de un concierto entre el Ayuntamiento y el Servei Catlà de la Salut». En concreto, la defensa de Prat, encabezada por el abogado Jordi Salvat, argumenta que «el Hospital, o Innova, en aquellos ejercicios nunca perdieron dinero. De hecho, había beneficios» y que el Ayuntamiento reclama cantidades que «no pagó y, por lo tanto, una sentencia como la que se dictó estaría produciendo un enriquecimiento».

Con respecto a Manté, donde Mariscal de Gante ve que «el daño deriva de la contratación de la consultora el 15 de marzo del 2007 y el pago de las facturas giradas como consecuencia sin haber recibido ninguna contraprestación», el recurso sostiene que el administrador de CCM Estrategias de Salut SL «trabajó para el Hospital y para Sagessa». Y con respecto a Batesteza, sobre el cual la sentencia precisa que «los tres contratos de arrendamiento de servicios firmados los 4 de junio del 2007, 15 de febrero del 2009 y 15 de julio del 2010 están justificados hasta el mes de mayo del 2009 pero no a partir de esta fecha ya que no consta que desde entonces llevara a cabo actividad para Innova», la apelación esgrime que el arquitecto «al principio ejerció como asesor y, después, como project manager, labores que no son equiparables aunque la sentencia dice que sí».

El 8 de septiembre es el límite

En el mismo procedimiento en el TCU, el Ayuntamiento fue condenado a asumir los gastos judiciales por las pretensiones desestimadas contra el exalcalde de Reus, Lluís Miquel Pérez. El consistorio entendía, en la demanda, una responsabilidad contable compartida entre Prat y el anterior alcalde –que ha sido absuelto– por 190.441 euros en retribuciones variables abonadas a Xavier Sarrà, exgerente de Innova. Fuentes municipales consultadas por este medio detallan que la decisión sobre si recurrir o no todavía no se ha tomado. El plazo para poder hacerlo expira el 8 de septiembre.

La obligación de la administración de velar por los fondos públicos tendrá previsiblemente un peso importante en la deliberación todavía abierta. El alcalde de Reus, Carles Pellicer, había recordado en julio que la demanda en el TCU –impulsada por el Ayuntamiento y a la que se adhirió el Ministerio Fiscal– respondía «a la voluntad de defender los intereses generales, cosa que seguiremos haciendo igual que hasta ahora» a pesar de «no entrar a valorar la sentencia que ha dictado un tribunal» porque «la justicia tiene su criterio y hay que respetar las decisiones».

Recursos propios del Hospital

El recurso que presente Prat paralizará, de inicio, el ingreso de los más de 900.000 euros a las arcas municipales. Un importe sobre el cual el Ayuntamiento había anunciado, en rueda de prensa el día siguiente de trascender la sentencia del TCU, la voluntad de «devolverlo al hospital dado que las facturas que son motivo de la resolución se pagaron con recursos propios del hospital». Siempre, eso sí, «una vez la sentencia sea firme». Aunque, en la situación actual, el gobierno se encontraría en disposición de solicitar la percepción de la cantidad, lo más habitual, por una cuestión de prudencia, es que este movimiento no se consume hasta finalizar el procedimiento judicial que tocará a su fin cuando la Sala del Tribunal de Cuentas dicte nueva sentencia.

La previsión, teniendo en cuenta los tempos que ha guardado el Tribunal de Cuentas en los procedimientos vinculados a Reus, es que la resolución firme sea dictada en el margen máximo de un año a contar desde que se dé traslado de la presentación del recurso o recursos con que se presenten al resto de partes y la maquinaria del enjuiciamiento contable se ponga de nuevo en marcha.