Los Comités del Grup Salut denuncian el «desamparo» de 3.000 empleados

Los Comités de Empresa del Hospital Sant Joan de Reus, el Hospital Comarcal de Móra d'Ebre, el CMQ, la Fundación Sagessa Salut i Ginsa, los cuales representan las diferentes sociedades dentro del Grup Salut, han unido fuerzas ante «la situación de desamparo a la que estamos sometidos los 3.000 trabajadores» y anuncian «movilizaciones con el fin de defender nuestros derechos» a la espera de que los gestores del Grup aporten «explicaciones» y el compromiso de preservar los lugares|sitios de trabajo. Después de una reunión mantenida este miércoles, y «a pesar de estar diferenciados por los problemas de cada centro», los profesionales han encontrado un punto común en la defensa de las plazas y al «garantizar una asistencia de calidad a la ciudadanía».

Juntos, reclamarán de manera conjunta respuestas y soluciones a «subrogaciones, despidos, desaparición de empresas y creación de futuros nuevos consorcios». Cuestiones, estas, que los diferentes Comités de Empresa habían puesto encima de la mesa a lo largo de los últimos meses y que estallan ahora ante la constatación de que «nos encontramos rodeados de una situación política incierta y de unos gestores insuficientes, que actualmente no mantienen informados los trabajadores de los próximos cambios que se acercan».

Entre ellos, el relevo en las riendas del Hospital Sant Joan, que el 1 de enero del 2018 tendría que pasar de manos municipales a las de un consorcio «público y mixto» formado por CatSalut (45%) y Ayuntamiento (55%) de Reus, y sobre el cual todavía no ha trascendido casi ningún detalle más que lo que aportaba Comín en una rueda de prensa en abril: la Generalitat asumirá el concierto, la plantilla y también el alquiler del centro hospitalario.

En las últimas semanas, más allá de denunciar la falta de información en este capítulo y de asegurar que «no sabremos nada sobre el consorcio, ni como nos afectará ni como se aplicará», empleados del Sant Joan pedían también a la empresa «más celeridad» a la hora de rubricar el nuevo convenio laboral 2017-2019, del cual se firmó un preacuerdo el pasado julio pero que no entra en vigor al no disponer del texto y la firma definitiva. Y el cobro de los 2,3 millones las DPO, después que un laudo de Trabajo haya determinado que se tendrán que abonar y todavía pendientes del juicio que se celebrará por este mismo tema el próximo 17 de octubre.

Asistencia al próximo pleno

Por otra parte, los trabajadores de Ginsa, que hace pocos días se concentraban en las puertas del Sant Joan para denunciar públicamente que la salida de Tortosa y Amposta y el consorcio de Reus «pone en peligro 350 puestos de trabajo», han acordado recibir cada martes a la presidenta del Grup Salut, Noemí Llauradó, en la entrada en el centro y protestarán en los consejos de administración y al próximo pleno.