La apuesta para vaciar Joan Coromines pasa por la renta garantizada

La cuestión de los 17 pisos ocupados desde hace meses en la calle Joan Coromines, en el barrio Horts de Miró, parece acercarse, como mínimo, a un principio de salida. Fuentes próximas al seguimiento de las familias que abrieron de manera ilegal las viviendas de los números 4 y 6 apuntan que, después de haber entrado en el circuito de Servicios Sociales, al menos algunas de estas personas han empezado a abandonar los bloques. Y lo han hecho mientras recopilan y formalizan el papeleo para tratar de regularizar, siempre siguiendo el mismo procedimiento por el que pasan todos los casos, su situación.

En este sentido, la apuesta actual sería la renta garantizada de ciudadanía (RGC), una prestación económica recientemente aprobada por el Parlamento y concebida para que la persona en qué se le concede pueda hacerse cargo de los gastos esenciales del mantenimiento propio o el de las personas que integran la unidad de convivencia. Si los perfiles se ajustaran a los requisitos y la RGC acabara en manos de las familias necesitadas que ahora ocupan, el paso resolvería de rebote aspectos como la falta de recursos para hacer frente al pago de un piso.

La presencia policial se mantiene en la calle, tal como desde el inicio, las 24 horas, y las viviendas están sin suministro eléctrico ni de agua después de que operarios ejecutaran el corte definitivo de las conexiones irregulares. En agosto, la Guardia Urbana llevó al juzgado el «reiterado delito de uso fraudulento de las redes» y requissessin el material eléctrico, una vez abiertas también diligencias penales.

Igual que el resto de casos

Técnicos de los Servicios Sociales de Reus comenzaron a recibir en septiembre a algunas de las familias instaladas a Joan Coromines aunque, al momento de trascender la situación del colectivo, el Ayuntamiento había emitido un comunicado donde apuntaba que el consistorio «únicamente puede hacer informes de vulnerabilidad a la ciudadanía empadronada aquí» y que los ocupas «tendrían que solicitarlos en el Ayuntamiento del municipio donde están empadronados, que en ningún caso es Reus». Estuvo «a raíz de conocer a más familias que se han dirigido a nosotros que hemos visto que hay casos de Reus y la zona», apuntaba a la concejala de Bienestar Social, Montserrat Vilella, hace pocas semanas. La CUP ha estado ejerciendo un acompañamiento a las familias al momento de dirigirse a los Servicios Sociales.

Con todo, Vilella, en la línea que ha mantenido el gobierno todo este tiempo, ha venido recordando la determinación de «no aceptar que la ocupación sea nunca una forma de obtener vivienda y de saltarse todos los trámites que hay establecidos a nivel de peticiones». Y ha explicado en más de una ocasión que «tal como lo entendemos, «lo que tienen que hacer –los que habitan ahora de manera irregular los pisos de Joan Coromines- es desocuparlos. Si no es por voluntad propia, al momento que toque habrá un juez que dictará y se producirá el desalojo», a pesar de que «paralelamente a eso, si hay personas que antes no lo habían hecho y que piensan ahora que pueden ser susceptibles de hacer la petición a fin de que se los ayude a encontrar una vivienda, que lo hagan. Cada uno en su municipio y los que son de Reus, a Reus».

La salida de al menos algunas de las familias coincidiría, así, con la voluntad de Bienestar Social, aunque algunos vecinos expresan ahora la preocupación para que estas personas ocupen ahora otros pisos dispersos en la zona.